SIETE DIAS

La Semilla de La Discordia

Están prohibidos, pero se consumen. La paradoja de los transgénicos enfrenta la visión de agricultores con la del gobierno. Aunque la legislación vigente –a la espera de una discusión desde 2013– no permite que los siembren en el país por considerarlos dañinos, institutos científicos oficiales han hallado trazas de estos en alimentos que se consiguen en los anaqueles. Por eso, productores del campo consideran que se pierde la oportunidad de aprovechar el desarrollo tecnológico a partir del cultivo de semillas genéticamente modificadas cuando hoy en día se importan de Brasil, Estados Unidos y Argentina rubros obtenidos de esta forma, que no son etiquetados y el consumidor venezolano ni se entera.

KATIUSKA HERNÁNDEZ   el nacional

En Guárico la prolongada sequía de este año hizo que apenas se lograra sembrar 75.000 hectáreas, la mitad de las disponibles en ese estado llanero. La dificultad para regar los cultivos generó la pérdida de miles de cosechas de maíz y otros rubros agrícolas en varias regiones del país.

Perder la siembra significa una crisis económica y social para muchos productores y campesinos que dependen de la actividad. Habrá que refinanciar o reestructurar los créditos, volver a solicitar insumos y conseguir semillas. Es una carrera contrarreloj que no tiene al clima como mejor aliado. 

Semillas de maíz resistentes a la sequía, a las malezas y a las plagas forman parte del portafolio biotecnológico disponible para el uso del área agrícola, gracias al desarrollo de la ingeniería genética en buena parte del mundo. 

Sin embargo, en Venezuela el asunto de los transgénicos aún está vetado y es controversial. 

Los productores apoyan que se comience a debatir su uso, mientras que el gobierno se niega a permitir estos cultivos por considerarlos potencialmente perjudiciales para la salud y una amenaza a la cultura del pequeño agricultor que lo hará dependiente de grandes corporaciones. 

El desarrollo biotecnológico ha mejorado la resistencia de semillas  tras el estudio de su ADN y la transferencia de este entre organismos. Maíz, soya, remolacha, algodón y lechosa son los cultivos más comunes a los que se les aplica este avance en el mundo. 

Movimientos sociales señalan que consumirlos puede producir cáncer y diabetes, además de los riesgos que representa para el medio ambiente y la biodiversidad; sus defensores alegan que no hay pruebas que demuestren que sean dañinos para la salud. 

La realidad es que su cultivo crece en América, Asia y África, y en algunos países en los que está penalizado se busca permitirlos. 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró hace poco que la prohibición del uso de esta tecnología en su país es un error que hay que enmendar. 

Solo entre Argentina y Brasil suman 65 millones de hectáreas de esos cultivos. 

En la Unión Europea hay severas restricciones, aunque cada país tiene la potestad de decidir unilateralmente su uso. 

Recientemente Italia y Francia, donde el consumo de productos orgánicos y con denominación de origen es cada vez más valorado, han prohibido la utilización del maíz modificado que se permite en la eurozona. 

En España y Portugal, en cambio, sí está permitido. 

A pesar de las consideraciones gubernamentales, la venezolana es una economía de puerto y sus vecinos de Mercosur tienen una potente industria biotecnológica de exportación. 

Por ejemplo, de acuerdo con la Asociación Venezolana de Cultivadores de Palma Aceitera, 80% de las oleaginosas que se consumen en el país son importadas; entre ellas están los aceites crudos de soya, girasol y maíz, en su mayoría elaborados a partir de modificaciones genéticas. 

Entonces no es de extrañar que estudios del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología hayan detectado desde hace varios años la presencia de transgénicos en alimentos consumidos usualmente sin que lo informe la etiqueta.

Una resolución emitida en 1997 por el gobierno de Rafael Caldera prohíbe la manipulación, comercialización y uso de transgénicos hasta que el país tenga un marco regulatorio sobre la materia.

Una década después, en 2007, se creó la Comisión Nacional de Bioseguridad para asesorar sobre el uso, manipulación, permisos y otros asuntos relacionados con los transgénicos. La integraban representantes de los ministerios del Ambiente, Agricultura y Tierras, Industria, Comercio, Ciencia y Tecnología y Salud, además de académicos, universidades, agroquímicos, farmacéuticos, pequeños y medianos agricultores y asociaciones de consumidores. 

Pero esta comisión está congelada y nunca más se ha vuelto a convocar. Solo se reunió tres veces ese año, cuando se trató la normativa de funcionamiento. 

En 2013 fue presentado en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de semillas que proponía mantener la prohibición del uso de transgénicos. El texto no fue aprobado y el Ejecutivo ordenó revisarlo. 

El diputado del PSUV por Guárico José Ureña, coordinador de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario, quien presentó el documento, ha insistido en que debe ser debatido este año en el Parlamento. 

El artículo 5 establece: “Queda prohibida la producción, importación, comercialización, distribución y uso de semillas transgénicas”. 

 

Se importan

Ese aceite, aquellas galletas, el cereal infantil; las cotufas de la película del domingo. Sin saberlo, cualquiera que haga mercado estaría llevando a su despensa alimentos hechos a base de transgénicos importados. 

La Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha investigado en varias oportunidades si hay hallazgos de material genéticamente modificado en alimentos procesados y en semillas agrícolas. 

El especialista en genómica y proteínica Iván Galindo, coordinador del laboratorio de IDEA, indica que como parte de un trabajo de grado de 2013 se tomaron muestras de semillas comerciales de soya y maíz. 

“Se aplicaron pruebas internacionales del ADN a semillas comerciales y se determinó la presencia de transgénicos. No se hizo una trazabilidad, pero el resultado fue positivo”, dijo. 

El experto del IDEA señaló que en 2008 se realizó un estudio en alimentos procesados que se distribuían en anaqueles de supermercados de la Gran Caracas. 

“Como no había una ley que obligara a etiquetar los productos e identificar si fueron procesados con rubros transgénicos, se hizo una revisión de esos alimentos y efectivamente se consiguió que algunos tenían  presencia de material genéticamente modificado”. Uno de ellos es la leche de soya. 

“Es el transgénico más comercializado en el mundo. 95% de su cultivo es con organismos modificados genéticamente”. De una muestra de 52 productos procesados que se examinaron –la mayoría importados y derivados de soya y maíz–, 35% contenía material transgénico. 

A pesar de los hallazgos, Yván Gil, ministro de Agricultura y Tierras, negó que al país ingresen transgénicos y señaló que son cultivos cuestionables: 

“Vemos cómo la Unión Europea y China están poniendo alertas sobre los organismos genéticamente modificados para prohibir su consumo. 

En países desarrollados solo está autorizado para el consumo animal, que luego llegará a los humanos porque aún hay un desconocimiento de los efectos reales sobre las personas”. 

La presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Tatiana Pugh, indicó este año en una nota de prensa  que en Venezuela no se producen ni se permite la entrada de transgénicos: “Sabemos que las compañías trasnacionales han introducido la tecnología de los transgénicos en otros países. 

Nosotros estamos apostando por el conocimiento popular”. A la espera de que se abra este mercado, en el país ya están establecidas desde hace años las grandes compañías que comercializan esta tecnología. Entretanto, son proveedores de semillas y agroquímicos. 

Galindo considera que los resultados de sus análisis son una evidencia de que en Venezuela se debe debatir este tema desde el punto de vista técnico y de normativa de control. 

“No podemos decir a la ligera que todos los transgénicos son buenos o malos, el problema es que es una tecnología muy poderosa que debe utilizarse en países como el nuestro que cuentan con un gran potencial de biodiversidad y que además tiene problemas particulares con la disponibilidad de alimentos. 

No podemos seguir esperando que se importen alimentos que sí lo son y no hacer nada por reglamentarlo, para desarrollar nuestra propia tecnología y controlarla. 

Vamos a estar ahogados de productos transgénicos en varios años como le sucedió a Brasil, y fue precisamente eso lo que empujó a adoptar estos cultivos, con lo que pasó a ser una potencia en esta materia”.

El ministro Gil reconoció el atraso tecnológico de Venezuela en el área agrícola y no negó la posibilidad de abrir una discusión amplia. 

“Detrás de la biotecnología y de los organismos genéticamente modificados también hay un interés económico y comercial y quizás eso priva sobre la situación de la seguridad alimentaria. Pero bueno, es un debate que hay que dar y no estamos negados a hacerlo”, dijo.

Este tema ha hecho ruido desde hace más de una década. En 2006 Lorna Haynes, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, escribía en el portal aporrea.org sobre los hallazgos del IDEA y señalaba que su organización había entregado en 2002 denuncias de este tipo a la Fiscalía General de la República sin que se restringiera la entrada de estos productos. 

“Muchos de los alimentos para bebés contienen soya, a pesar de las advertencias científicas acerca de las propiedades antinutricionales de ese producto, así no sea transgénico”, indicó Ramón Elías Bolotín, vicepresidente de Fedeagro, también lo comenta. 

“Los transgénicos vienen en la harina de soya y en el aceite crudo de soya que se importa de Argentina, Bolivia y Estados Unidos. Incluso en el maíz amarillo que se compra a Estados Unidos y a Argentina para procesar alimentos balanceados para animales”. 

Agrega una petición: “Si son buenos, como lo han demostrado 18 años, de consumo en el país, con rubros importados, ¿por qué no permitir que los agricultores los aprovechen? Ahora, en caso de que sean malos, que no se permitan entonces las importaciones”.

En Venezuela se consumen 4 millones de toneladas de maíz amarillo de los cuales 85% es importado, según el Circuito de Alimentos Balanceados para Animales.

Desinformación

El activista de derechos humanos Rafael Uzcátegui, miembro de Provea, suscribe muchas de las advertencias del movimiento ecologista internacional acerca de la necesidad de  etiquetar los alimentos que tienen componentes modificados genéticamente. 

“Hay mucha preocupación sobre los efectos en la salud, y de esta manera la población estaría enterada y puede decidir si los compra”, expresó.

Los colectivos sociales también exigen al gobierno que informe sobre el consumo de productos genéticamente modificados. “Hay negociaciones con semillas transgénicas descaradamente y con productos alimenticios para niños que los tienen. 

El Instituto Nacional de Nutrición debe publicar una lista de los productos que los contienen”, denuncia Robzayda Marcos, activista del proyecto comunicacional popular Guarura. Su compañero Juan Carlos La Rosa afirma que el país está inundado de transgénicos: 

“Todo lo que consumimos está plagado. Por un lado se tiene un discurso antitransgénicos y, por el otro, el propio gobierno hace negocios con empresas que los producen”. 

La desinformación puede tener consecuencias no solo en la mesa del venezolano, sino también en el campo y en la supervivencia de la semilla autóctona. 

“Hay alertas que indican que las semillas transgénicas son costosas y promoverían una dependencia de los campesinos hacia determinadas compañías que suministran el producto. 

Esto puede afectar la política de soberanía agroalimentaria del país”, manifestó Uzcátegui. 

Antonio Pestana, presidente de Fedeagro, insiste en que es momento de apartar la política y analizar el tema más fríamente: “52% de las áreas de cultivos genéticamente modificados en el mundo son de pequeños agricultores. 

Estamos cometiendo un grave error al negarle al país la posibilidad de debatir sobre el uso de transgénicos. Hay estudios que señalan que están contribuyendo a mejorar la agricultura y ayudar a países que tienen problemas como el hambre. 

Nuestra petición es que se analice el tema y se abra el debate científico técnico sobre los transgénicos”, aseguró.

En tiempos de escasez, sequía y captahuellas para comprar comida la discusión está servida. 

La experiencia de Brasil 

Para el ex ministro de Agricultura de Brasil y premio mundial de la Alimentación 2006, Alyson Paulinelli, el uso de transgénicos debe estar acompañado de una legislación que contemple una importante fiscalización y acompañamiento para evitar que se comentan errores con la aplicación de biotecnología y los cultivos genéticamente modificados.

Señala que en Brasil se alimenta a millones de pollos y aves, además de ganado y otros animales para consumo humano, con cultivos transgénicos. 

Expresó que Brasil, que hoy en día es el segundo país en el uso de cultivos transgénicos en términos de hectáreas sembradas, perdió cerca de nueve años en discusiones que le hicieron daño a la agricultura. 

“En Venezuela hay una discusión ideológica sobre los transgénicos que está fuera del tema científico y técnico”, dijo.

Cifras

27  países plantaron cultivos transgénicos en 2013, según el  Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas.

18  millones  de agricultores  en el mundo  se sumaron al uso de alimentos modificados  el año pasado.

1.600  millones es la superficie del cultivo  de transgénicos  en el mundo.