Industria socialista, por el piso

Trece procesadoras de harina precocida están en manos del Ejecutivo tras construcciones y expropiaciones de infraestructuras. Los niveles de producción de cereal en el campo venezolano son conocidos por el propio Ministerio de Agricultura y Tierras.

Yasmin Ojeda   La Verdad

A casi siete años de la inauguración de la primera procesadora, Bravo Casique Yaracuy, existe una “subutilización” de las infraestructuras de la industria pública. No por falta de estructuras o de financiamientos, sino por la de incentivos y garantías de seguridad hacia el sector primario y compromiso de quienes tienen las riendas de las instalaciones.

La planta Leander, procesadora de maíz para elaboración de harina precocida, completó el grupo de 10 industrias contraídas por el Gobierno y en convenio con Irán. Entre 2007 y 2012 se consolidó una fase del proyecto de soberanía agroalimentaria y propuesta de desplazamiento del sector privado con expropiaciones a corporaciones mexicanas (Monaca y Demaseca), y confiscaciones a nacionales (Pronutrico, Proarepa). Los resultados de producción están en cuentas del MAT.

Para Norberto Rincón, profesor de Ciencias Sociales y Económicas de la Facultad de Agronomía de LUZ, hay que revisar las plantas, si trabajan a plena capacidad, los tres turnos, las 24 horas y el pago de beneficios sociales al personal, como se obliga a la empresa privada. Detectar qué pasa a partir de una auditoría “para hacer presión” de quien tiene la responsabilidad de las procesadoras.

Rincón instó a apoyar la agroindustria privada dado que “el mecanismo que implementó el Gobierno falló”. La política de querer “asumir la responsabilidad (de producción) no puede ser desplazando o expropiando para luego prácticamente destruir”. Reconoció que hubo planificación para las instalaciones, pero faltó la asesoría, seguimiento y respuestas a toda la cadena productiva.

¿Guerra primaria? 

La idea de “potencia agrícola” cuajó en una Venezuela en medio de los señalamientos de “guerra económica”. En 2013, con 13 plantas en manos del socialismo, el entonces presidente Hugo Chávez aprobó 140 millones de bolívares para aumentar la capacidad instalada de la línea productiva de harina de maíz. Incrementar el procesamiento -según sus datos- de cuatro mil 800 a 18 mil toneladas al mes, a fin de lograr 60 por ciento de la producción.

Mientras, el sector agrario mostró retroceso en las cosechas de maíz y marcada inestabilidad en la producción. Fedeagro reportó, con cifras del Ministerio de Agricultura y Tierras, que de dos millones 995 mil toneladas registradas en 2008, descendió a un millón 981 mil en 2009. Hecho sucedido en terreno abonado por la política de “recuperación de tierras ociosas” e intervenciones de fincas.

Para 2010 la cosecha de cereal asomó una recuperación de casi 500 mil toneladas. Pero la realidad del campo continuó y aumentó con efectos causados por el cambio climático. Entre 2011 y 2012, con dos millones 117 mil toneladas y un millón 752 mil toneladas de maíz, se aceleró la caída de la producción. Los productores advirtieron la necesidad de rectificación en las medidas oficiales de control de precios, inseguridad jurídica e inflación que sometía los costos de producción.

En el último informe de memoria y cuenta de 2013 del MAT, se resaltó un leve incremento, dos millones 247 mil toneladas que no lograron alcanzar los niveles de 2008. La falta de materia prima para la harina no pasó desapercibida para las familias venezolanas. El INE destacó una baja de 9,65 por ciento del consumo. Seiscientos veintinueve mil 153 hogares menos para el primer semestre de 2014.

La escasez se acentuó, inclusive en otros rubros de primera necesidad. A marzo se registró 26,9 por ciento, según el BCV. El Gobierno responsabilizó al sector privado de acaparar y causar una “guerra económica” para desestabilizar. Alimentos Polar, con 48 por ciento de la capacidad instalada de harina, ya había salido al paso meses antes por la crisis de falta de materias primas. Aseguró trabajar a “100 por ciento” y no poder movilizar “ningún producto que no tenga la aprobación del Sada”, la Superintendencia de Silos.

Potencial

Lorenzo Mendoza, presidente de Polar, instó al Ejecutivo mostrar los resultados de producción de las plantas iraníes, Pronutrico, Proarepa y Monaca, resaltando el dominio de 41 por ciento de la capacidad del sector público y 11 por ciento de otras empresas privadas.