LEOPOLDO MARTÍNEZ NUCETE el nacional
Venezuela está convertida en una economía de puertos, y ante la crisis de escasez de alimentos que vivimos, se hace indispensable retomar el tema de la urgente necesidad de una política agropecuaria nacional.
Atrás quedaron muchas propuestas del gobierno sin ningún resultado: fundos zamoranos, gallineros y cultivos verticales en las ciudades, y muchas otras para impulsar la producción con unidades socialistas, proyectos de desarrollo endógeno, y en fin, todo un diccionario de términos para adornar ideas fallidas.
La realidad asfixiante es que no hay producción agrícola nacional en los volúmenes que requiere el país; y con la debacle de Pdvsa (a pesar de la bonanza petrolera internacional) tampoco hay dólares para financiar las importaciones.
El peso de un tipo de cambio sobrevaluado, el ataque sistemático a la propiedad privada y la ausencia de una política coherente han convertido al campo venezolano en la cenicienta del modelo económico que nos rige desde hace 15 años.
Por su parte, el hábitat rural en Venezuela coloca al ciudadano de nuestra provincia en condiciones de vida precarias, aislado de la modernización, los servicios de calidad, el acceso a una educación y sistema de salud digno para sus familias.
Hace más de una década propuse en mi condición de diputado a la Asamblea Nacional una alternativa: la Ley de Tierras, Desarrollo Agropecuario y Modernización del Hábitat Rural.
En aquel momento el Estado tenía la propiedad de más de 13 millones de hectáreas en todo el país, que hoy deben ser casi el doble por la política expropiatoria ejecutada desde que el gobierno aprobó su Ley de Tierras.
La idea central de nuestro proyecto era transferir las tierras del Estado a fondos regionales, y convertir de esa forma a las gobernaciones de estado en protagonistas de una política de desarrollo agropecuario y transformación de las condiciones de vida de los habitantes de nuestra provincia.
Los fondos regionales de desarrollo, previstos en nuestro proyecto, venderían las tierras en condiciones de precio y crédito favorables para empresas cooperativas agropecuarias, donde se integrarán capitalistas, profesionales del sector agropecuario y productores.
Los ingresos fiscales que dichas transferencias causarían se invertirían desde los fondos de desarrollo regional en inversión pública de infraestructura social y apoyo a la producción; es decir, en escuelas, una red de atención médica y sanitaria, proyectos hídricos y de conservación del ambiente, vialidad, silos y almacenes, mercados o centros de acopio y distribución.
En realidad la idea del proyecto de ley propuesto era integrar a todos los protagonistas y fuerzas vivas de la región en torno a un plan concreto y específico de la realidad de cada estado para el desarrollo agropecuario y transformación del hábitat; a efecto de que el medio rural se modernizara y ofreciera a quienes viven en el interior del país calidad de vida, mientras asumen la tarea de producir y ofrecer a Venezuela seguridad alimentaria.
En ese esquema, el gobierno nacional debía crear condiciones para favorecer esos proyectos regionales de desarrollo, con un sistema de garantías de precios mínimos al productor, subsidios racionalizados, apoyo en materia de comercio e inversión internacional; investigación y desarrollo; y una red de transporte ferroviario que facilitase el acceso a los mercados para la comercialización de los productos.
¿Por qué no se habla de estas cosas ni se inicia un debate parlamentario sobre el tema? El sector agropecuario es altamente empleador, además de estratégico; y la ausencia de una política capaz de modernizar el medio rural ha terminado “ruralizando” a nuestras ciudades, debido a los inevitables movimientos migratorios que caracterizan a Venezuela en torno a las capitales, sin que en ellas tampoco estén dadas condiciones para la superación, o movilidad social ascendente, de quienes se vienen a la ciudad persiguiendo un sueño que la realidad les niega en sus pueblos.
Es tiempo para el debate de las ideas. La crisis avanza. Las colas para comprar cualquier cosa crecen. Y la magnitud de los problemas estructurales del país es agobiante.
La propuesta es convertir al campo Venezolano en una prioridad para la inversión pública, con protagonismo de las gobernaciones de estado y fuerzas vivas regionales; fortaleciendo la propiedad y el emprendimiento privado o cooperativo en el sector agrícola.
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