Todos se graduaron en la promoción General José Trinidad Morán, que egresó de la Academia Militar en 1990. El coronel Manuel Barroso, los tenientes coroneles retirados Carlos Arias Delgado y Eduardo Escalante Pérez y el general Félix Osorio están relacionados por una trama de negocios que se tejió durante 2012 e involucró a 2 importadoras de muy corta trayectoria para entonces: Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres. Barroso era presidente de la extinta Cadivi cuando la instancia liquidó más de 23,5 millones de dólares a ambas empresas, en las cuales los tenientes coroneles retirados fueron socios. Osorio no sólo era parte de la junta directiva de Cadivi, sino que también presidía la red gubernamental Mercal, que contrató a la primera sociedad mercantil como proveedor de atún importado de Ecuador. Las sedes de las compañías están cerradas o en remodelación y en ellas es difícil hallar a los dueños o directivos.
SIETE DÍAS UNIDAD DE INVESTIGACIÓN elnacional
El coronel Manuel Barroso era presidente de la extinta Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, cuando esa institución aprobó en 2012 más de 23,5 millones de dólares a 2 importadoras con apenas meses de existencia: Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, constituidas en junio y diciembre de 2010.
Ambas empresas, de acuerdo con sus expedientes mercantiles, eran propiedad de un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar: el teniente coronel Carlos Arias Delgado.
La primera de las compañías no sólo obtuvo divisas preferenciales, sino que también logró 16 contratos para proveer atún ecuatoriano a la red gubernamental Mercados de Alimentos, Mercal, presidida por el entonces coronel Félix Osorio, quien egresó en la misma promoción que los otros 2 y para la época era integrante de la directiva del organismo cambiario, instancia colegiada que decidía sobre las entregas de moneda extranjera a empresas solicitantes.
Un cuarto oficial retirado se asoció con Arias Delgado en la segunda de las firmas antes de finalizar ese año de aprobaciones millonarias de dólares: fue el teniente coronel Eduardo Escalante Pérez. Casualidad o no, igualmente se graduó con los demás y antes de sumarse al mundo empresarial fue gerente de Importaciones y Seguimiento y vicepresidente de Administración y Control en Cadivi a la orden de sus compañeros de armas.
Juntos podrían conversar en un reencuentro acerca del poder que ejercieron: unos aprobaban divisas, otros importaban bienes y los demás podían decidir o liderar procesos de contratación con el Estado.
Los cuatro militares estuvieron entre los seis más brillantes de la promoción General José Trinidad Morán de 1990. Barroso y Osorio ¬ambos participaron en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992¬ son los más conocidos: uno por haber sido entre 2006 y 2013 el más poderoso funcionario de la principal instancia del control cambiario en Venezuela y el otro por haber ocupado una posición clave en la ejecución de las millonarias políticas de importaciones de alimentos no sólo como ministro del área y presidente de Mercal, sino también como titular de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA.
Arias Delgado y Escalante Pérez tuvieron un perfil público menos visible. El primero, de origen panameño y naturalizado venezolano, hizo carrera como gerente público en Bolívar, donde organizó el servicio de seguridad 171 durante la gestión de Francisco Rangel Gómez, gobernador de la entidad por el PSUV y ex presidente de la Corporación Venezolana de Guayana.
Escalante Pérez, otro de los insurrectos de hace 20 años, trabajó en comisión de servicio en Pdvsa y luego en Cadivi: entre sus responsabilidades en la última institución estuvo apoyar acciones jurídicas contra compañías por obtención y uso inadecuado de divisas.
Una frase puede resumir la parábola del militar: cuando se hizo empresario saltó del mundo de los fiscalizadores al de los posibles fiscalizados.
El tema sobre cómo el gobierno administró las divisas en la última década se ha convertido en un asunto caliente: los sistemas de control cambiario implantados en Venezuela no impidieron que se esfumaran por lo menos entre 25 millardos y 30 millardos de dólares ¬según lo han admitido voceros oficiales como Jorge Giordani, ex ministro de Planificación, y Edmée Betancourt, ex presidenta del Banco Central de Venezuela¬, entregados en su mayoría a empresas de maletín.
Para muchos el fraude ha sido el mayor caso de corrupción de la historia republicana y las pérdidas se tradujeron en la acumulación de deudas millonarias con sectores enteros de la economía y en la generación de desabastecimiento asociados a las fallas de las importaciones de las que el país es dependiente como nunca antes. Los focos de las averiguaciones ¬si se juzga por el discurso público de las autoridades¬ no han sido puestos sobre militares como Barroso u Osorio y su papel en la aprobación de divisas.
Hace una semana, el Centro Nacional de Comercio Exterior, ¬instancia que reemplazó a Cadivi¬ divulgó una lista para citar a los representantes de más de 1.100 empresas a explicar cómo usaron las divisas recibidas entre 2012 y 2014.
Mellizas clave
Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres no formaron parte de esa lista. Ambas fueron constituidas en Valencia, Carabobo, el 16 de junio y el 2 de diciembre de 2010, respectivamente, de acuerdo con sus expedientes mercantiles.
Una se dedicaría principalmente a la importación y comercialización de alimentos y maquinaria agrícola. La otra a la compra y venta de medicamentos y equipos médicos. Ambas comenzaron con capitales de 200.000 y 500.000 bolívares.
Arias Delgado las creó junto con 2 hermanos y empresarios carabobeños que entonces tenían 31 y 34 años de edad: Paúl Miguel Ortega González, -quien mantuvo 50% de las acciones de la primera-, y Miguel Ángel Ortega González, -que se quedó con la mitad de la propiedad de la segunda-.
Los socios del teniente coronel retirado eran conocidos por sus actividades en Bolívar: el menor de los Ortega González era copropietario y vicepresidente de una firma denominada Credilab, que ofrecía las tarjetas de ticket alimentación a los trabajadores de la gobernación del referido estado.
El accionista principal de esa compañía era Yamal Mustafá, empresario que el año pasado fue detenido por su vinculación con mafias de contrabando de hierro que afectaban a la estatal Ferrominera del Orinoco y quien además había sido señalado de manejar un grupo de compañías que habían concentrado las contrataciones del Ejecutivo bolivarense durante el mandato de Rangel Gómez, que comenzó en 2004 y aún sigue después de su segunda reelección de 2012.
Mustafá está preso a la espera del juicio que solicitó la Fiscalía en su contra y sus bienes fueron objeto de medidas de aseguramiento.
El coronel retirado Escalante Pérez apareció después en la escena cuando compró, en noviembre de 2012, 27% de las acciones de Fármacos Venenceres. Al cabo de un mes el capital social fue incrementado a 4 millones de bolívares a cargo de las cuentas por pagar a los socios. Casi un año más tarde, -en octubre de 2013,- todos vendieron la compañía a otro empresario: Héctor Luis Monsalve, entonces de 32 años de edad.
Una contradicción en la información pública genera dudas sobre la participación del ex vicepresidente de Cadivi en Alimentos Venenceres: una ficha actualizada de la empresa en el Registro Nacional de Contratistas lo identifica como uno de los accionistas y como gerente general de la firma.
Su nombre, sin embargo, no aparece mencionado en el expediente que reposa en los registros mercantiles de Valencia. Como gerente de la importadora de alimentos sí se menciona a otro de los Ortega González: Miguel Arturo.
Expediente cambiario
La trayectoria de Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres ante Cadivi se puede reconstruir a partir de la última lista de beneficiarios publicada hace 2 años por el eliminado organismo.
A la primera compañía le aprobaron en 2011 poco más de 213.000 dólares, pero al año siguiente las asignaciones aumentaron en más de 8.000% hasta alcanzar el pico de 17,6 millones de dólares. La empresa no tuvo actividad alguna en su primer semestre de existencia, según revelan sus balances.
La segunda de las firmas nunca había recibido un centavo hasta 2012. Como ella, otras 556 compañías obtuvieron por primera vez autorizaciones del organismo público ese año. La empresa de Arias Delgado, a diferencia de las demás, se situó entre las 20 a las que se le destinó mayor cantidad de dinero. Una información consta en su expediente: Fármacos Venenceres no reportó ni una sola venta desde su creación ni tampoco a lo largo del año cuando le asignaron 5,9 millones de dólares.
Ambas firmas hubieran tenido limitaciones para acceder hoy al Sistema de Complementario de Administración de Divisas I, Sicad I, que exige a las solicitantes existencia mínima de 2 años: Alimentos Venenceres no hubiese podido comenzar a gestionar las asignaciones sino a partir del primer semestre de 2012 y su melliza hubiera podido solo a finales de ese año.
El requisito sobre la antigüedad forma parte de las regulaciones con las que el gobierno ha intentado atenuar la corrupción en los esquemas de control cambiario. Para la época además los empresarios contaban con otras fórmulas para obtener divisas como el mecanismo de compensación regional Sucre, que permitía hacer negocios con países como Ecuador.
También había quien tenía músculo financiero propio para abordar operaciones con divisas.
Sedes esquivas
La página web de Alimentos Venenceres está fuera de servicio. En consultas previas se pudo constatar que la empresa aseguraba poseer “oficinas en todo el país”. Ubicar su sede principal, sin embargo, resulta difícil.
El domicilio de la compañía desde su fundación hasta el presente ha sido el mismo de acuerdo con su expediente mercantil: la oficina 2-16 del segundo nivel del Centro Comercial Otama, localizado en la urbanización El Viñedo, una zona residencial y comercial acomodada de la capital carabobeña.
En el documento constitutivo de Fármacos Venenceres se indica que la sede original quedaba exactamente en ese mismo local, aunque en noviembre de 2012 se mencionó una mudanza de apenas metros de distancia: al local vecino identificado como 2-17.
La visita que se realizó el miércoles a esos inmuebles es reveladora. La puerta del primero se encuentra cerrada y a través de una ranura se pudo observar el interior: lucía como un lugar vacío. Ningún letrero en el exterior identificaba la importadora.
La segunda oficina tampoco tiene identificación comercial. Estaba abierta, pero daba una impresión diferente: se encuentra en proceso de remodelación.
Hay trabajadores que se dedican a la instalación de cableado eléctrico y de lozas en el piso y pareciera que el proyecto en marcha es unir los dos locales.
Los nombres de Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres no resultaron familiares para el personal de construcción, pero tampoco para los vigilantes del edificio. “No conocemos esas empresas”, respondieron cuando se les consultó.
Uno de los encargados de las obras aclaró que ambos inmuebles pertenecen, en realidad, a una firma llamada Omega Capital.
La consulta del expediente mercantil de esa compañía permitió confirmar que fue constituida en Valencia en noviembre de 2010 y que sus responsables declararon que la sede se encuentra en la oficina 2-16. Es decir: en el mismo lugar de Alimentos Venenceres y donde operó en principio Fármacos Venenceres.
Un dato no puede pasar inadvertido: entre los propósitos de Omega Capital está la administración de sistemas de compensación alimentaria a través de tarjetas electrónicas, tal como lo hacía la empresa Credilab, de los hermanos Ortega González. Omega Capital reformó sus estatutos poco después para incluir la posibilidad de realizar operaciones ante otra instancia del control cambiario: el Sistema de Transacciones de Títulos de Moneda Extranjera, Sitme, eliminado porque el gobierno consideró que se trataba de otro desaguadero para empresas de maletín.
La compañía funciona temporalmente en otro local del Centro Comercial Otama: hasta allí se llegó esta semana para ubicar a su presidente, Juan Carlos Palmegiani. No se pudo localizar.
La venta de Fármacos Venenceres en diciembre de 2013 estuvo acompañada por un cambio de sede al local P4-L18 Centro Comercial Mediterranean Plaza. Se le visitó, pero igualmente estaba cerrado, sin personal y en obras de refacción.
Un cartel pegado en las puertas de vidrio aumenta la confusión, porque refiere a la otra compañía. Dice así: “Alimentos Venenceres. Cerrado por remodelación”.
Las transacciones
Hotel Tasca Restaurant Don Gabriel, Abastos Mi Estación y Servicios y Suministros Aragua. Esa es la lista de clientes que fueron atendidos por Alimentos Venenceres en 2011, de acuerdo con su ficha en el Registro Nacional de Contratistas.
La base de datos oficial muestra la información del salto que más tarde dio la importadora cuando obtuvo los contratos de venta de atún marca Gustamar -en presentación de 170 gramos- para Mercal. La compañía del coronel Arias Delgado apenas había modificado su objeto social en marzo de 2011 para incluir entre sus actividades la siguiente: “La compra, venta, importación, exportación y comercialización en materia pesquera y acuícola”.
Eso no le impidió obtener pocos meses después la confianza de la red gubernamental, que lo escogió como intermediario en el despacho de los productos pesqueros de otra empresa privada: Asiservy, la cual tiene sede en Manta, Ecuador, y es una de las 10 mayores exportadoras atuneras en ese país.
Un informe elaborado por la sociedad mercantil ecuatoriana el año pasado, con motivo de una emisión de acciones, refleja la envergadura de los negocios. Se menciona a Alimentos Venenceres como un comprador que hizo “pedidos fuertes” de atún en conserva por 2,5 millones de dólares: “El cliente incrementó el inventario durante el primer trimestre de 2012 equivalente a más de un año de ventas”.
Import Genius, una de las mayores bases de datos globales sobre comercio internacional, posee información clave acerca de adquisiciones hechas por empresas venezolanas en el exterior. Sobre Alimentos Venenceres indica que recibió entre febrero y mayo de ese año en Puerto Cabello por lo menos 659 toneladas netas de atún procedentes de Ecuador por un precio aproximado de 4,8 millones de dólares sin incluir seguros ni fletes.
Los cálculos basados en esos datos indican que cada kilogramo neto costó cerca de 7,3 dólares. Además de Cadivi, los empresarios pudieron acudir al Sucre o recursos propios para la negociación: el viento les sopló a favor en un mercado en el que, según expertos, no es sencillo obtener licencias si se es principiante.
El negocio de las compras de atún de Ecuador para Venezuela es millonario. De ese país procede más de 90% de las importaciones del producto: las adquisiciones escalaron a un promedio anual de 106 millones de dólares y 19.000 toneladas entre 2004 y 2013, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística.
Asiservy y otras compañías dedicadas a la exportación atunera fueron visitadas en Manta en mayo de 2012 por una comisión oficial venezolana entre cuyos integrantes se encontraban el coronel Heber Aguilar, entonces vicepresidente de Producción y Distribución de Pdval, y el mayor Andrés Morfe, para la época director de Comercialización y Logística de CASA.
El Ministerio de Alimentación, según documentos oficiales, admitió que ese año procuró estimular las compras con el uso del Sucre, pero no precisó en qué volumen.
Negocios de peso
Más allá de los contratos para atún ecuatoriano, el fuerte de Alimentos Venenceres fue la adquisición de implementos agrícolas. La firma, según Import Genius, informó en las aduanas venezolanas sobre importaciones de por lo menos 18 millones dólares y 452 toneladas netas en 10 aranceles relacionados con ese tipo de bienes: más de 85% se concentró en 5 de esos códigos que incluyeron sistemas de riego, aparatos portátiles para agricultura, gradas de discos ¬que se emplean para preparar la tierra para la siembra¬ y máquinas para preparar alimentos para animales y de otros tipos.
Las compras mayoritariamente procedían de China y Panamá y entraron al país por Puerto Cabello.
El catálogo en línea de la empresa mostraba, entre otros, productos como segadores Bush Hog y rastras Tuf Line. No se dejaba claro, sin embargo, cuáles eran los clientes a los que se había servido: tampoco esa información se señala en la ficha del Registro Nacional de Contratistas, que sólo refiere a los contratos para la venta del atún a Mercal.
Una comparación entre los datos disponibles en Import Genius y el INE sobre precios FOB ¬sin fletes ni seguros¬ puede dar una idea de la escala de las operaciones de Alimentos Venenceres.
El país importó un total de 33,2 millones de dólares en sistemas de riego en 2012 y la empresa manifestó haber hecho adquisiciones por 3,9 millones de dólares. Es decir: más de 10% del total de las compras nacionales, que para ese año cayeron a prácticamente la mitad de lo adquirido en 2011.
Una proporción semejante se obtiene cuando se analiza el arancel de gradas de discos. A territorio venezolano ingresaron 18,1 millones de dólares hace 2 años y la empresa declaró compras por 1,8 millones de dólares: otra vez un aproximado a la décima parte.
En el caso de los equipos portátiles de agricultura, la participación fue incluso mayor: a toda Venezuela se despacharon 16,9 millones de dólares y la firma aseguró que sus cargas tenían un valor cercano a 3,2 millones de dólares, lo que representa 20% del total.
En las categorías de máquinas para elaborar alimentos para animales y de otros tipos, la importadora refrendó la compra de más de 3,7 millones de dólares y 2,2 millones de dólares, respectivamente: fueron montos equivalentes a 6% y 5% de las importaciones venezolanas.
El surgimiento de nuevas empresas dedicadas al negocio de las maquinarias e implementos para las labores del campo no se tradujo, sin embargo, en mejoras duraderas para los productores.
Voceros gremiales se han quejado en repetidas ocasiones de que el mercado está gravemente desabastecido y que incluso tienen que reciclar partes y piezas para poder operar: el resultado son las dificultades para producir en el campo los alimentos que demanda el país.
Cuestión de salud
Cuando se escribe el nombre de Fármacos Veneceres en los buscadores de Internet, no es posible hallar una página web de la compañía. No hay datos en línea sobre sus clientes ni sobre la naturaleza de sus actividades.
Tampoco aparece la firma cuando se consulta el Registro Nacional de Contratistas, en el cual deben estar inscritas todas las sociedades mercantiles que pretendan hacer negocios con órganos del Estado.
Su nombre sugiere que se trata de una corporación farmacéutica, pero en realidad funcionó durante 2012 como una importadora de equipos médicos.
Import Genius indica que la empresa declaró importaciones de por lo menos 9,8 millones de dólares a precios FOB: 6,1 millones de dólares correspondieron al código arancelario de aparatos de exploración con ultrasonido o para realizar ecografías.
Un punto permite la comparación con su melliza de alimentos: las importaciones nacionales de ese tipo de equipos fueron de 56 millones de dólares. En otras palabras: la compañía manifestó que había adquirido un monto que es equivalente a más de 10% de las compras del país, según se desprende de la base de datos comercial.
Las otras importaciones fueron realizadas en aranceles correspondientes a equipos denominados electrocardiógrafos, electromédicos, aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos y a una última categoría genérica que se denomina “Los demás”.
Una aparente contradicción entre los estados de situación patrimonial y de resultados de la compañía de finales de 2012 puede advertirse si se revisa el expediente mercantil: en el primero se señala un inventario de mercancía de casi 38 millones de bolívares, pero en el segundo se señala que no hay mercancía disponible, a pesar de que tampoco se reportaron ventas que pudiesen agotar los inventarios. Muchos pacientes con necesidades podrán también preguntar qué pasó.
El cuestionario
Un cuestionario de 13 preguntas fue remitido a la abogada Mary Herrera, quien se identificó en una llamada telefónica como representante jurídica y asesora tributaria y aduanera de Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres.
A través de ella se intentó hacer contacto directo con los antiguos y actuales accionistas de las firmas, pero no fue posible lograrlo. La profesional explicó que todos estaban fuera del país o que eran de difícil localización y que estaba facultada para asumir la vocería.
Declinó la oferta de una entrevista telefónica y envió el viernes su dirección de correo electrónico para que se le hicieran llegar las inquietudes periodísticas. Así se hizo, pero, para el cierre de la edición impresa, no se había obtenido respuesta.
¿Cuáles fueron las cantidades de alimentos, implementos agrícolas y equipos médicos importados por las compañías? ¿Se usaron dólares preferenciales para las compras de atún ecuatoriano que después fue vendido a Mercal? ¿Cuáles son los otros clientes de las firmas a los que se han vendido los bienes importados con divisas entregadas por el gobierno? ¿Las relaciones de los accionistas con autoridades gubernamentales ayudaron a facilitar las gestiones ante los órganos oficiales?
Herrera, antes de solicitar el cuestionario, solo había adelantado que contenedores de la compañía, con productos adquiridos con y sin dólares Cadivi, fueron inspeccionados por el gobierno y motivaron una actuación administrativa ante la cual habían apelado.
Dijo además que Alimentos Venenceres tenía nuevo propietario, aunque no se localizó rastro de ninguna transacción en el registro mercantil ni en la ficha del Registro Nacional de Contratistas. Tampoco pudo precisar cuándo ocurrió la venta.
Al general Félix Osorio, quien fue reemplazado hace un mes de su cargo como ministro de Alimentación, se le enviaron cuatro mensajes esta semana a su teléfono personal y su correo electrónico. No se recibieron respuestas.
A la esposa del coronel Manuel Barroso se le hizo llegar el miércoles una solicitud de entrevista para su esposo, la cual tampoco fue contestada para el cierre de la edición impresa en la que se publicó este trabajo. Las puertas para todos siguen abiertas.
Conexión con las Islas Vírgenes
Interpromotions Ltd y Solutions B & C Ltd son dos compañías que registró el empresario carabobeño Paul Miguel Ortega González en uno de los mayores paraísos fiscales del Caribe: las Islas Vírgenes Británicas.
Los nombres de las empresas son citados en una gran base de datos que construyó el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) en 2013, gracias a una filtración de información que fue 160 veces más grande que la de Wikileaks.
La organización lideró un conjunto de investigaciones a las que denominó “Off Shore Leaks” y que incluyeron un análisis de 2,5 millones de documentos, entre ellos 130.000 registros referidos a compañías que operan en paraísos fiscales y sus clientes desplegados en 140 países.
El nombre de Ortega González -de acuerdo con la base de datos de la organización periodística- es mencionado como director y accionista de Interpromotions para 2003 y como socio de Solutions B & C Ltd para 2004, aunque no se aclara si todavía está vinculado con ellas. Ambas tienen sede en Road Town y fueron creadas en Tórtola.
Los datos filtrados indican que las dos sociedades fueron constituidas con los servicios de Portcullis Trustnet, consultora de asesoría financiera. Expertos aseguraron que, en realidad, se especializa en ofrecer empresas para los extranjeros, de manera expedita y confidencial.
El servicio consiste en hacerlos propietarios de firmas constituidas y prestas para la venta a las que comúnmente denominan “shell-companies” o empresas-fachada: “Se usan para disimular capitales que se envían a ellas o para ahorrar impuestos gracias a las facilidades que dan las autoridades”.
Ortega González se integró en 2007 como socio de la compañía Credilab, cuyo accionista mayoritario era Yamal Mustafá, empresario acusado por la Fiscalía de ser cooperador inmediato en los delitos de peculado doloso, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir durante la gestión de Radwan Sabbagh, ex presidente de Ferrominera del Orinoco también procesado por la venta ilegal de hierro.
El carabobeño también figura como socio de la empresa Alimentos Venenceres, cuya propiedad comparte con el teniente coronel retirado Carlos Arias Delgado, quien fue compañero de promoción de Manuel Barroso, antiguo presidente de Cadivi, y del general Félix Osorio, presidente de Mercal.
La firma, creada en junio de 2010, recibió más de 17 millones de dólares preferenciales en 2012 y contratos para la venta de atún para la red gubernamental de alimentos.
La investigación realizada por ICIJ -con el concurso de las periodistas Emilia Díaz y Marina Walter- arrojó que los venezolanos destacaban como depositantes o representantes de empresas con sede en paraísos fiscales: al menos 192 personas y 114 compañías figuraban en jurisdicciones “off shore”, especialmente en las Islas Vírgenes.
El trabajo periodístico verificó que han existido casos investigados en Venezuela en los que se utilizaron empresas registradas en Portcullis Trustnet para resguardar los dineros. Uno es el conocido como “La Vuelta”, un esquema de fraude financiero (pirámide) contra 500 personas, dirigido por Samuel Maya en Maracaibo a través de la empresa Auto Leasing en 2005.
La compañía captaba dólares -con retorno de 20% a 30%- y luego redirigía el dinero a la empresa Polaris Consulting Management.
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