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30 sept 2013

Exigen poner orden y evitar las invasiones a fincas

Yasmín Ojeda Ruiz             Diario La Verdad

Fegalago resalta la necesidad de sanciones a quienes interrumpen y afectan la producción de alimentos en predios productivos. Cámara de Comercio satisfecha con actuación de autoridades para resolver la presencia de extraños en hacienda ganadera.

Luigi Annese, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, aplaudió la intervención del Inti en la invasión en la hacienda El Chao, en el municipio Catatumbo. La agropecuaria es miembro del gremio desde hace varios años. La actuación del Gobierno regional y nacional es un “síntoma” positivo y necesario para “proteger fincas productivas y poner un poco de orden” para recuperar la producción de alimentos y garantizar la propiedad privada.
Resaltó que así como son “críticos” en asuntos que impactan en las actividades económicas y derechos constituciones, también reconocen las “cosas que son positivas”. Y se deja claro a los invasores “que hay un Gobierno, un Estado que hace cumplir las leyes. Eso da un mensaje positivo a las personas” a los productores.
Jesús Iragorri, presidente  Fegalago, destacó que actuaciones similares deben extenderse a la Hacienda Bolívar, en Colón, y El Capitán, en Perijá, donde se interrumpió la actividad de producción de alimentos y afectó el uso de medios innovadores y tecnológicos. Señala que sobre las tierras queda un aire de “ataque, amedrentamiento a la unidad” que debe alejarse con acciones de las autoridades.
Pidió se detengan a los culpables de las invasiones porque hay relación con “mafias” que luego de obtener las hectáreas, saquean, parcelan y vender quedando los predios en manos de otras personas. Aseguró que “es un negocio que se hace en Venezuela y las autoridades tiene conocimiento tiene que dar reglas claras. Las invasiones tienen que tener un castigo”.
El sábado, el Instituto Nacional de Tierras y las Fuerzas Armadas actuaron para frenar la incursión a la hacienda El Chao. William Gudiño, presidente del instituto, reconoció que es productiva y queda a competencia del Tribunal Agrario ordenar el desalojo. El ente acata la decisión de protección solicitada por los propietarios al tribunal.
Gudiño precisó que buscan alternativas para atender la demanda de tierras sin afectar la producción de unidades señaladas de latifundio. Recordó que el Estado está empeñado en la democratización de acuerdo a la Ley de Tierras.   
 “Así como criticamos las cosas en las que no estamos de acuerdo, también hay que decirlo cuando las positivas y se cumple”.

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