Ley de Tierras derivó en iniciativas de conuco en el campo

Yasmín Ojeda Ruiz   La Verdad

Acciones del Gobierno aumentaron desconfianza en la inversión masiva de alimentos. La normativa se ideó para acabar con el latifundio y terminó limitando garantías para facilitar financiamiento en iniciativas agrícolas.

esús Iragorri, presidente de Fegalago, no cuenta aspectos positivos en la Ley de Tierras, tras 12 años de la promulgación. “La crisis del sector agropecuario se profundizó. El 80 por ciento de las materias primas para producir alimentos tiene un valor agregado de extranjeros. Son importadas” y hablar de soberanía por la aplicación de la normativa se quedó corta. Sin palabras. A pesar de que el Estado destaca que hay más de cuatro millones de hectáreas “rescatas” en tierras que debería producir.

El Gobierno, bajo la visión de socialismo, decidió en el año 2001 crear una regulación para la tenencia de la tierra. Se concibió con la “base estratégica de un desarrollo rural sustentable”. La normativa “viene a prestar ese nuevo marco legal, en el cual profundizar y dar operatividad concreta a los valores nacionales del desarrollo social a través del sector agrario”.

Con la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se afinó un plan para acaban con el latifundio. Era una lucha “contra los terratenientes” que destacó en sus discursos el presidente fallecido Hugo Chávez. Pero la afinada medida necesitó tres reformas, adaptada a la visión revolucionaria que exigía el cambio de modelo productivo y económico.

Iragorri lamenta que no hubo un enfoque de “qué se necesitaba” en el campo para mejorar la producción, sino que por el contrario “sirvió para sepultar” unidades productivas, con la línea de expropiación e intervención, que para el Gobierno eran rescates de tierras.

Se aseguran iniciativas de “tipo conuco”. Y es que en el año 2011, Chávez sentenció que “todas las tierras son la Nación”. Además, se creó un mecanismo “perverso” que junto a otras herramientas como el control de precio limitan la “reactivación de aparato productivo”. Para Iragorri se instaló la inseguridad jurídica y se aumentó la desconfían para invertir en el campo. Hecho que frenan la producción masiva de alimentos.

Humberto Morales, coordinador de la Unidad Coordinadora de Proyectos Conjuntos, hace votos cambios. “Deben tener condiciones de sostenibilidad que pueda producir con rendimiento u beneficios económicos y que a la vez se mantenga en el tiempo, sin que colapse el sistema”. Considera la expropiación, pero pensada desde la perspectiva de proyectos serios y acompañamiento.

Morales destaca que tras la entrega de tierras con las disposiciones que indica la Ley no garantiza que el productor pueda acceder a financiamiento de la banca, que las hectáreas de tierras produzcan sin que el Estado haga el acompañamiento técnico. Y es que las adjudicaciones derivadas de la expropiación “en la mayoría de los casos no son exitosos”.