Planificación y Políticas Agrarias: Soberanía Alimentaria
Pedro Luis Concha R.  Barinas, Febrero 2014

Al comenzar a analizar los objetivos del Plan de La Patria, nuestro Plan Rector en el ámbito de los Planes y Políticas de Estado en Materia Agraria, 2103-2019, me puse a considerar el referido al logro de la Soberanía Alimentaria, establecido también en nuestra Constitución Nacional, como garantía fundamental al sagrado derecho que tenemos a la alimentación, la cual en su Artículo 305 postula como política para el sector rural la agricultura sustentable, es decir, aquella que de manera permanente permita una actividad agraria compatible con la protección de los recursos naturales renovables y que garantice el progreso económico de los agricultores y la seguridad agroalimentaria de la nación. 

Esta agricultura sustentable, es la base del desarrollo rural sostenible que para este sector promueve la actual Constitución; es decir, debemos fomentar una actividad agraria a largo plazo que permita la compatibilidad de nuestro crecimiento económico con el bienestar social y con la defensa y conservación del ambiente, teniendo el Estado el cometido de permitirnos llevar a cabo tales medidas de transformación, al llevar adelante la promoción y fomento de la producción agrícola, en el orden financiero, comercial, social, tecnológico e infraestructura.

Hecho este planteamiento, pasemos ahora a considerar a la Seguridad Alimentaria como Paradigma del Siglo XXI, en donde es obligatoria la ejecución jurídica del Plan Agroalimentario en Venezuela, en base a Leyes que tienen que desarrollar estos principios constitucionales siendo necesario consolidar y adecuar, a nuestra realidad agrícola, un sistema jurídico constitucional, agrario y ambiental, vital para el desarrollo de nuestro pueblo, en donde juegan un papel fundamental los jueces como responsables de garantizar esa seguridad agroalimentaria; es decir, hay que producir alimentos pero considerando al ecosistema de la zona, vocación de usos de los suelos, la producción y productividad real, sin causar daños ecológicos que pudieran poner en peligro a las generaciones futuras.

Hasta aquí todo bien, pero realmente se están logrando los objetivos y metas propuestos en el Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación? Lamentablemente no, porque nuestras actitudes y comportamiento distan mucho para cumplir con lo establecido en nuestra Constitución, que a pesar de ser garantista, quizás una de las mejores del mundo, con Leyes agrarias orientadas hacia la producción, cuya intención es la de lograr insertar este sector al resto de la economía, lamentablemente las hemos implementado erróneamente y a la vista tenemos los resultados: importamos cerca del 70% de lo que consumimos. 

Soluciones? Podrían ser posibles si las Políticas Agrarias referidas a la Seguridad Agroalimentaria van apareadas a la Seguridad Personal, Jurídica y Social en el Sector Agrícola, Agroindustrial, Industrial, Servicio y Comercio; no pueden estar aisladas, somos parte de un todo; así lograríamos integrar el Sector Agrario al conjunto de la economía, logrando algo que nos está desangrando, como es la reducción de las importaciones con un Dólar cuyo valor no se corresponde al valor real del mercado; para lograr esto es necesario generar confianza en el país, garantizar la rentabilidad agraria; al haber producción se estabilizarían los precios y salarios, bajarían los controles, única garantía de obtener alimentos a bajo costo.

Por otra parte, no podemos limitar nuestro desarrollo rural solo al mercado local, debemos ver el comercio internacional agrícola, más hoy día que estamos incorporados al Mercosur; hay que superar nuestra dependencia petrolera por ser un recurso no renovable con una vida útil estimada por 64 años más. Urge promover la agricultura, el crédito agrícola a verdaderos productores, el desarrollo rural, investigación, extensión y sobre todo la educación. 

El Estado no puede llevar  toda esta carga, sin permitir de manera amplia y abierta la participación del sector privado ya que constitucionalmente se considera tal participación ciudadana.

Finalmente, vivimos en un mundo globalizado y es responsabilidad de cualquier país, indistintamente de su ideología política, planificar sus políticas agrícolas, ya que ante cualquier cataclismo, tenemos la obligación moral de estar preparados para acudir a los mercados al socorro de otros países, pero siempre garantizando primero el consumo interno. 

No es sano para nosotros, ni para otros países, llegar a los niveles de dependencia que tenemos solo confiando en los precios del petróleo, sobre los cuales tampoco tenemos control, ni como sustituirlos en un momento dado; desde hace tiempo hemos venido fallando en aquella famosa política de sustitución de importaciones, que considero tiene vigencia.

Tenemos una Constitución garantista, quizás una de las mejores del mundo; Leyes agrarias orientadas hacia la producción con la intención de lograr insertar este sector al resto de la economía, pero lamentablemente las hemos implementado erróneamente y a la vista tenemos los resultados: importamos cerca del 70% de lo que consumimos. Después de 11 años de Promulgada la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario sus resultados están a la vista; por eso urge hacer una revisión y análisis para corregir fallas.

Como país nosotros somos un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y tenemos la responsabilidad social de ser solidarios, no solo con nosotros mismos, sino con la comunidad internacional, de aquí que no debemos ser una carga para ella desde el punto de vista agroalimentario a pesar de tener condiciones para producir; tenemos la obligación moral de hacerlo no solo por el hecho económico, sino en función de tal solidaridad.