Trece productos alimenticios en mira de “precios justos”

Reaparecen las listas de control de 2003 con productos que en 2010 salieron de la regulación. La Ley de Precios Justos precisa que están sujetos a control bienes y servicios producidos, distribuidos, comercializados e importados en el país.

Yasmín Ojeda  La Verdad

En 2003, el Gobierno fijó control de precios para avena, harina de trigo, huevos, sal, salsa, margarina, sardinas, mayonesas, mortadela, arvejas, lentejas, caraotas y gallina. En la Gaceta Oficial del 11 de febrero de ese año se listó los alimentos.

A partir de 2007 se ajustó la regulación, tras la congelación. Para 2010 salen del control de precio, tras la revisión de la recepción de materia prima y niveles de la industria alimenticia. El Ejecutivo aflojó la medida.

Esta semana la Superintendencia de Precios retomó la mirada a productos. Volverán los controles. “Precios justos” para los rubros no regulados que están en la canasta familiar. 

Andrés Eloy Méndez, superintendente, dijo que debe ser un precio fijado por la institución y la disposición de la providencia 003. Los productos que producen, comercializan y distribuyen los agentes económicos deben tener precio, destaca el reglamento de la ley.

Se plantea la aprobación de Precio de Venta Justo (PVJ). Cambiará la nominación de Precios de Venta al Público. Se aplicará a “todos los productos”. De acuerdo con la Ley de Precios Justos los agentes deberán presentar sus estructuras de costos para determinar precios.

La ley destaca criterios de adecuación de la estructura de costos, técnicas alternas de medición de los costos e inventarios, y fórmulas de cálculo. Se agudiza una auditoría de las estructuras para sustentar los precios. Las empresas o empleadores que incumplan serán sancionados. La pena máxima es prisión.

Se establece que el Estado ejerce control de los costos y ganancias, así como la determinación de precios justos de forma “más adecuada y eficiente, todos los órganos y entes de la administración pública con competencia en las materias relacionadas, deberán dirigir sus respectivas acciones de manera coordinada y articulada con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos”.