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En Desacato

Una sentencia del pasado 2 de mayo de la Sala Constitucional ratifica una orden de devolución de la finca Santa Rita ubicada en Barinas a su dueño original, la orden nunca fue acatada.

Francisco Olivares   El Universal

Después de 11 años de haber sido invadida, el paisaje que se observa en la finca Santa Rita, ubicada en el municipio Obispo en Barinas, no es precisamente de progreso, de desarrollo productivo o de justicia social, como solía ofrecerse para explicar la ola de ocupaciones de fincas productivas que se produjeron en esa región a partir de 2003. 

Muchas de ellas con el aval de las cartas agrarias emitidas por el INTI, para entonces bajo la dirección del hoy gobernador Adán Chávez y órdenadas por el Gobierno.

Las 3.200 reses de ganado brahman que allí pastaban desaparecieron y las verdes extensiones de cereales sucumbieron bajo el fuego. 

Permanecen allí algunos miembros de la Cooperativa Brisas del Masparro, del grupo original de 60 activistas, quienes, el 14 de febrero de 2003, liderados por Antonio Albarrán y el miliciano José Tapia Coirán, apoyados por la Fuerza Armada y una carta agraria emitida por el INTI, procedieron a tomar la finca propiedad del productor agropecuario Rogelio Peña. 

Este productor, su familia, su socio y algunos trabajadores fueron desalojados a la fuerza por las unidades militares de la guarnición de Barinas. 

La carta agraria autorizaba a dicha cooperativa tomar unas 31 mil hectáreas de tierras en las que estaban asentadas varias fincas de Barinas, entre ellas la finca Santa Rita de Rogelio Peña, conocido productor y ex alcalde del municipio Barinas, quien se dedicó junto a otro socio por 30 años a levantar ese centro de producción agrícola y ganadero. 

Hoy en día allí se encuentran algunos conucos con siembras de plátano, yuca y maíz, algo de ganado, gallinas y ovejas. 

Las tierras permanecen ocupadas por familias campesinas de la zona y otras provenientes de Colombia que han ido "comprando" el derecho de ocupación a los ocupantes originales.

Lo curioso de este caso es que la Sala Constitucional del Tribunal Supremos de Justicia emitió el pasado 2 de mayo una sentencia que exige a las autoridades regionales y al INTI de Barinas, devolver la finca Santa Rita a su dueño original, Rogelio Peña. 

Luego de 11 años de litigio, el TSJ emite una nueva sentencia que ratifica otra emitida por la misma Sala Constitucional en 2003 en la que le ordenaba la devolución de ese desarrollo agrícola al legítimo propietario, y la reubicación de la cooperativa que había ocupado esas tierras. 

Pero ni los tribunales de la región, las autoridades militares, el Ejecutivo Regional ni el INTI, han acatado ninguna de las dos sentencias del TSJ.

11 años de litigio

Luego de ser ocupada el 14 de febrero de 2003 y desalojados sus propietarios por efectivos de la guarnición militar del Estado Barinas, que ese entonces estaba comandada por el general de brigada Carlos Mata Figueroa, actual gobernador de Nueva Esparta, el 4 de noviembre de ese año 2003 su propietario, Rogelio Peña, tras una apelación a la medida expropiatoria, la Sala Constitucional del TSJ declaró "con lugar la demanda de Amparo Constitucional" mediante la sentencia 3052 que señalaba lo siguiente:

"Por razones procedentes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República declara:

"Primero: Con lugar la apelación ejercida por el ciudadano Rogelio Peña, en su condición de Presidente de Agropecuaria Doble R.C.A. y Agropecuaria Peñitas C. A. (... ) contra la sentencia dictada el cuatro de agosto de 2003, por el juzgados Superior Cuarto Agrario, con sede en la ciudad de Barinas, en la ciudad de Barinas, la cual se revoca".

"Segundo: procede la acción de Amparo Constitucional interpuesta por el representante legal de las compañías mencionadas, contra los ciudadanos Antonio Albarrán, en su condición de anterior director del Instituto Nacional de Tierras del Estado Barinas, Gerardo Márquez, en su condición de actual director del mismo instituto, José Alexander Tapia Coirán, representante legal de la Cooperativa Brisas del Masparro, y el general de Brigada Carlos mata Figueroa, comandante de la guarnición del Estado Barinas."

"Tercero: A los fines de restablecer la situación jurídica infringida, se ordena al Instituto Nacional de Tierras del Estado Barinas y al Comando de la Guarnición de la Fuerza Armada Nacional del Estado Barinas poner al accionante en posesión de las tierras propiedad de sus representados (... ) ocupadas por los integrantes de la Cooperativa "Brisas del Masparro R. L." y sus efectivos militares, para lo cual deberá proceder al desalojo inmediato de esas personas y sus bienes, apercibidos de que el desconocimiento de dicha orden supondrá un desacato de la autoridad, en los términos previstos, en los artículos 29 y 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derecho y Garantías Constitucionales."

"Cuarto: Se ordena al INTI del Estado Barinas a dar cumplimiento a la normativa prevista en el decreto con Fuerza de Ley de Tierras y desarrollo Agrario, de modo de garantizar a todos los interesados el ejercicio de su derecho a la defensa, de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente fallo, cuando ese instituto estime procedente iniciar un procedimiento administrativo para determinar el carácter ocioso o inculto de las tierras". 

La orden expresa del Tribunal Supremo, máxima intérprete de la constitucionalidad del país, no fue acatada por los organismos regionales ni por la Fuerza Armada, así que la ocupación se mantuvo por diez años más, hasta ahora. 

La respuesta del entonces comandante general de la guarnición de Barinas, general Carlos Mata Figueroa fue reguardar la ocupación con las fuerzas militares y colocar un cartel en la entrada de la finca que señalaba "Zona Militar" al tiempo de expresar: "Estamos cumpliendo con una orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que es el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías".

Robos y destrucción

En los siguientes años, mientras se esperaba que las autoridades regionales dieran cumplimiento al mandato del TSJ, la situación de la finca se fue deteriorando. 

En la Fiscalía de Barinas, desde el año 2003, cursa una averiguación penal por la denuncia de hurto, por la pérdida de 3.200 reses, daños a la propiedad, ocupación ilegal y averiguación penal por desacato a la sentencia de Amparo del Tribunal Supremo.

Los propietarios desalojados igualmente interpusieron una demanda ante la Sala Agraria del TSJ contra los ocupantes por daños y perjuicios, que para el momento de la demanda los daños sumaban veintiocho millones 628 mil bolívares.

El 31 de mayo de 2007, a cuatro años de la ocupación de la finca, el Juzgado Superior Cuarto Agrario de Barinas declaró "inejecutable" la sentencia del 4 de noviembre del año 2003 de la Sala Constitucional del TSJ, que ordenaba la devolución de la finca a Rogelio Peña. 

Así que un mes después, el 10 de julio, Peña apeló a esa decisión del tribunal agrario acudiendo a la Sala Constitucional del TSJ. 

La respuesta le llegó siete años más tarde cuando el pasado 2 de mayo de 2014 la Sala Constitucional, anuló la sentencia del Tribunal Cuarto Agrario de fecha 31 de mayo de 2007 que declaraba "inejecutable" la orden anterior de devolver la finca Santa Rita. 

Nuevamente la sala Constitucional ordenó "al Instituto Nacional de Tierras de manera perentoria y sin más dilación que en un lapso no mayor de veinte días hábiles (20) dé cumplimiento a la sentencia emanada de esta Sala Constitucional de fecha 4 de noviembre de 2003. 

Sin embargo, luego de haber transcurrido más de tres meses de producida la nueva sentencia, las autoridades regionales siguen sin acatar la orden del TSJ.

El INTI enfrenta al TSJ

En medio de este conflicto entre el TSJ y el Instituto Regional de Tierras, acaba de ser nombrado director de la Oficina Regional de Tierras del INTI en Barinas José Alexander Tapia Coirán, la misma persona que lideró en 2003 la ocupación de la Finca Santa Rita y a su vez fue beneficiario de la carta agraria firmada por Adán Chávez. 

Es decir, es la persona que en este momento se encuentra en desacato de la sentencia emitida por la Sala Constitucional del TSJ.

José Tapia Coirán es sargento primero, coordinador de la Milicia Campesina que forma parte de la Milicia Bolivariana, militante del PSUV y líder de la Cooperativa "Brisas de Masparro", colectivo campesino que ha sido beneficiario de decenas de miles de hectáreas de tierra en ese Estado.

Coirán ha estado al frente de muchas de esas ocupaciones que el INTI ha denominado "rescate de tierras". Según señaló Coirán a medios regionales, "van unas 450 mil hectáreas rescatadas y entregadas al pueblo", asegurando que "sí hay producción por parte de los consejos comunales, cooperativas, frentes campesinos y organizaciones en el campo". 

Pero al mismo tiempo señala la necesidad "de una revisión en las tierras "rescatadas" y dadas a campesinos para determinar qué tanto han cumplido las metas de la revolución en la soberanía alimentarias".

En declaraciones al portal "Aporrea" Tapia Coirán manifestó su rechazo a la decisión del TSJ y alegó que esa finca está "en plena producción" al tiempo que se opuso a que las familias campesina allí instaladas sean desalojadas".

Sin embargo la decisión de la Sala Constitucional del TSJ, precisa en su decisión que: 

"Se ordena al Instituto Nacional de Tierras, de manera perentoria y sin dilación que en un lapso no mayor de veinte (20) días hábiles dé cumplimiento a la sentencia emanada de esta Sala Constitucional en fecha 4 de noviembre de 2003, específicamente con respecto a la reubicación de la Cooperativa Brisas del Masparro, a unas tierras de mejor o igual calidad, siendo que en caso de encontrarse grupos colectivos para el trabajo de las tierras o terceras personas ajenas a la presente acción de amparo, deberá abstenerse de realizar actos que conlleven a su desalojo, en tanto y cuando, no formaron parte de la aludida controversia, razón por la cual, una vez cumplida con las anteriores consideraciones, dicho instituto deberá colocar en posesión a los representantes de Agropecuaria Doble R, C.A. y Agropecuaria Peñitas." (... )

Más adelante concluye la sentencia: "de no cumplirse con lo ordenado en la presente sentencia (... ) se entenderá como desacato a la autoridad y la majestad del Poder Judicial y la sentencia emanada de esta Sala Constitucional en fecha 4 de noviembre de 2003". 

El productor Rogelio Peña lleva 11 años tratando de recuperar la finca a través del sistema de justicia. Tampoco fue indemnizado.