“Guerra económica” o la continuidad del modelo socialista

Expertos advierten que las medidas puestas en práctica para combatir el supuesto boicot tienen fines políticos, por la cercanía de las parlamentarias, e ideológico. Empresarios aseguran que degrada la confianza en el país.

CARMEN SOFÍA ALFONZO A.    el nacional

El gobierno tiene varios propósitos con la “guerra económica”, advierten expertos. Por un lado, desviar la responsabilidad que tiene en la grave crisis económica, y endosársela a la empresa privada. Y por otro, contrarrestar los efectos negativos de la escasez ante la proximidad de las elecciones parlamentarias y continuar imponiendo su modelo socialista.

“No es más que un tema político con fines electorales, debido a las parlamentarias. Las colas en los locales no son nuevas. Hace más de un año ya se formaban grandes filas para entrar a los locales de Mercal y Pdval, cuando aún no se veían en los comercios privados”, afirmó el economista y director de Datanálisis, Luis Vicente León.

El profesor de la UCV y coordinador del Observatorio de la Propiedad Privada de Cedice, Luis Alfonso Herrera, coincide con León en que Maduro pretende evadir su responsabilidad en la crisis. 

“Con la ‘guerra económica’ lo que busca el Estado es culpar a los empresarios de las distorsiones que tiene el mercado y fortalecer la ideología socialista contenida en el Plan de la Patria, que incluye cerco a las libertades”.

Para vencer la “guerra económica”, Maduro solicitó ayuda a los consejos comunales para que sirvieran de “inteligencia popular”. A juicio de Léon, esto persigue un objetivo político y electoral. 

Agregó que es muy grave poner a la sociedad en ese papel porque no tiene los conocimientos económicos necesarios para ejercer esa vigilancia y porque es una parte afectada por la crisis.

Al respecto, Herrera señaló que se confisca la participación ciudadana porque “quienes ejercen este rol actúan como funcionarios encubiertos, y eso no puede ser considerado contraloría social”.

La “guerra económica” fue un término que acuñó el presidente Nicolás Maduro en 2013 para responsabilizar al sector privado de la crisis económica que vive el país, pero fue en 2014 cuando cobró mayor fuerza por las protestas que se suscitaron en los primeros meses de ese año.

El mandatario aseguró que las manifestaciones eran parte de esa guerra y que entre sus objetivos estaba impedir la distribución de alimentos y otros bienes básicos en el territorio nacional para provocar escasez.

A medida que avanzó 2014 el Ejecutivo emprendió acciones para enfrentar al “enemigo”. Entre noviembre y diciembre la Superintendencia de Precios Justos hizo varias fiscalizaciones e impuso sanciones administrativas a comercios para combatir la “guerra económica” y establecer “precios justos”.

Las largas y recurrentes colas en los establecimientos de expendio de alimentos y demás productos básicos en lo que va de año, como consecuencia del desabastecimiento, fueron el detonante de una nueva ola de fiscalizaciones, en la que las sanciones han sido más severas.

Que cesen las colas 

Lejos de aportar soluciones, la “guerra económica” degrada la confianza en el país y disminuye las inversiones, señaló el presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia. “No le ha hecho bien a nadie, no se han acabado las colas y la escasez persiste. Nosotros lo que necesitamos es contar con las condiciones necesarias para producir y abastecer el mercado, esa sí es una salida a la crisis”. 

El presidente de Consecomercio, Mauricio Tancredi, afirmó que el sector privado es el principal interesado en que las colas cesen y en mantener las puertas de los comercios abiertas con suficiente mercancía que ofrecer.

Para combatir la “guerra económica” Maduro anunció la semana pasada la creación de la red de distribución pública y privada. Sin embargo, Garmendia aseguró que ello no es necesario porque con las guías de movilización el gobierno ya vigila la distribución de productos. “Conoce qué se traslada, a dónde y en qué cantidad”, indicó.     

El presidente de Datanálisis dijo que para corregir los problemas hay que atacar las causas y no las consecuencias. Afirmó que el origen de la crisis económica es el intenso control y el intervensionismo del gobierno en la actividad empresarial. 

La versión de Maduro 

El presidente Nicolás Maduro ha afirmado en reiteradas oportunidades que la “guerra económica” es parte de un golpe económico que busca desestabilizar el país, y que se expresa en especulación, usura, acaparamiento y contrabando de extracción de productos básicos y de  combustible. 

Ha acusado al sector privado venezolano de ser responsable de la “guerra económica”. También  ha involucrado al gobierno de Estados Unidos. Afirma que desde hace mucho tiempo en suelo estadounidense se traman los ataques  contra Venezuela. 

“Generar colas en los comercios es parte de la guerra económica del sector privado. Crean zozobra en la población, sobre todo porque se trata de productos de primera necesidad. Los empresarios apátridas buscan que la gente se desespere”, ha dicho el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez.

La escasez y la inflación que tiene Venezuela, cuyos niveles son unos de los más elevados del mundo, también son producto de la “guerra económica”, según el presidente.

Los castigos en la ley 

En lo que va de año, el Ejecutivo ha intensificado acciones para contrarrestar a la llamada “guerra económica”. Entre enero y febrero han sido detenidos más de 20  empresarios, gerentes, directivos y empleados de varias compañías de los sectores comercial y manufacturero.

Según la Superintendencia de Precios Justos y funcionarios del gobierno, incurrieron en los delitos de especulación, alteración fraudulenta, condicionamiento de la venta, expendio de alimentos vencidos, acaparamiento, agavillamiento y boicot.

La Ley de Precios Justos, que entró en vigencia hace un año, es la principal herramienta del Estado para castigar a los responsables de la “guerra económica”. Sin embargo, este año las sanciones son más severas con la reforma de la normativa en noviembre de 2014: de administrativas pasaron a penales, con penas de hasta 12 años de cárcel.

En la reforma, que se aprobó vía habilitante, también se incluyó la confiscación de bienes  para castigar el contrabando.

Responsables de ganar la batalla 

“La instalación de los Comandos Estadales Populares-Militares es el paso clave para Ganar la Batalla Económica a favor del Pueblo”, escribió el presidente Maduro en su cuenta de Twitter, @NicolasMaduro el pasado viernes.

El primero en constituirse fue el de Caracas.  El 27 de enero el presidente Nicolás Maduro nombró a Ernesto Villegas jefe civil del Estado Mayor de la Batalla Económica en Caracas. No actuará solo, el general Fabio Zavarce Pabón lo acompaña como jefe militar. 

Ese mismo día, nombró al general Ralph y a Luis Figueroa como responsables del comando de Miranda. El ministro de Comunas y presidente de Corpomiranda, Elías Jaua, también participará en el Estado Mayor de esa entidad.

Funcionarios del gobierno, entre ellos, el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, han estado recorriendo el país para crear los restantes comandos popular-militar. Se han sumado Lara, Anzoátegui y Táchira.  

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Superintendencia de Precios Justos y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, han participado en las acciones contra la “guerra económica”.

Las empresas son el objetivo 

En lo que va de año las empresas que han sido sancionadas por ser señaladas por el gobierno de ser responsables de la “guerra económica” son la distribuidora de cauchos Distenca, Farmatodo, Unicasa, Corporación Cárnica, la red de practimercados Día Día, Distribuidora Alimentos CDF, Distrilago, Representaciones Herrera y la empresa láctea Zuli Milk, en Zulia.

En el caso de Farmatodo, el 4 de febrero el Ministerio Público solicitó la privativa de libertad de dos de sus gerentes. Fueron imputados por presunto boicot y desestabilización económica y permanecen recluidos en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, según un comunicado de la Fiscalía.

Además, a la cadena de farmacias la Superintendencia de Precios Justos le abrió un acto administrativo. En el caso de Día Día, desde el 3 de febrero fue ocupado temporalmente por el gobierno el almacén situado en La Yaguara.