El costo económico de la incertidumbre en Venezuela
Asrúbal Oliveros, L. Castillo y D. Cárdenas Prodavinci
La caída de los precios del petróleo desde el último trimestre de 2014 afectó negativamente las finanzas del Estado venezolano. En 2015 estimamos que el precio promedio del barril del petróleo ronde los US$46,2bl, una disminución de US$42,6/bl en comparación con el precio promedio de 2014. Dado que el 96,3% de nuestras exportaciones son petroleras, esta caída de los precios reducirá para este año los ingresos en divisas en un 50,0% aproximadamente.
En un modelo productivo y diversificado la caída en el precio de venta de uno de sus bienes de exportación no tendría mayor impacto. Sin embargo, habida cuenta de la falta de diversificación del sector productivo venezolano, una caída, y además abrupta, en los precios de los bienes de exportación repercute drásticamente en la capacidad de respuesta del Estado ante sus compromisos externos (deuda externa) e internos (planes de inversión, gasto social, pasivos internos, entre otros).
En un escenario de caída de los ingresos en divisas, el financiamiento externo debería ser una opción viable para obtener los recursos necesarios para dar continuidad al modelo económico sin mayores ajustes. Sin embargo, en el caso de Venezuela esto no es una opción, debido a las altas tasas de rendimiento exigidas por los mercados internacionales a raíz del alto riesgo país.
Los reyes de la incertidumbre. El riesgo país es un indicador que refleja el riesgo inherente a cualquier transacción, operación y financiamiento de un país a otro, o dicho de otra forma, es un indicador que se usa para medir cuál es el riesgo de incumplimiento de pago frente a los tenedores de bonos soberanos.
El riesgo es el reflejo de la incertidumbre; mientras mayor sea la incertidumbre de un país, mayor será el riesgo asociado a sus operaciones. Entre los principales factores que toma en consideración este indicador se encuentran: el entorno económico, el entorno político, el marco institucional y la sinergia entre los diferentes actores de la sociedad.
En ninguno de estos aspectos Venezuela se encuentra bien posicionada, sobre todo en los últimos años en los que la actividad económica se ha visto mermada por las crecientes distorsiones generadas por el modelo económico-político.
El entorno económico del país no pinta nada bien. El año 2014 cerró con uno de los peores desempeños de la historia, observándose un escenario de estanflación. Por su parte, en 2015 la economía pasará a estar en lo que es conocido en la literatura como recesión estructural. Asimismo el déficit fiscal alcanzará el 16,8% del PIB, y el servicio de la deuda para este año se estima que ronde los US$10.121 millones (sin tomar en cuenta la amortización de créditos multilaterales).
En el terreno político se agudizan los mecanismos de control y represión, la libertad de expresión se ha visto fuertemente amenazada y cada vez son menos los medios de comunicación. El poder de coercitividad de la oposición es cada vez menor. La diferencia entre los poderes públicos parece inexistente; en 2015 el poder Ejecutivo podrá legislar en diferentes materias gracias a la Ley Habilitante recientemente aprobada.
De igual forma, la baja popularidad del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que en el mes de marzo tenía una aprobación de 25,0%, puede traer como consecuencia una disminución tanto de la capacidad de pago (si se traduce en protestas y disturbios que afecten el desempeño de la actividad económica) como de la voluntad de pago (los beneficios de caer en incumplimiento de pago son mayores a los de no caer).
En el marco institucional destacan la poca credibilidad del Gobierno al momento de ejercer las políticas, la discrecionalidad en la toma de decisiones, la opacidad en la información, la transgresión de los mecanismos institucionales y la corrupción del mismo sistema. Por su parte, la sinergia de los actores parece inexistente. El Gobierno se ha encargado de crear un rol protagónico en cada aspecto de la economía, para así garantizar su presencia en cualquier actividad productiva y dejar a un lado el papel del sector privado.
¿Sorpresa? Venezuela entre los peores. Entre los instrumentos utilizados para medir el riesgo país, se encuentra el índice EMBI+ de JP Morgan para los bonos de los mercados emergentes que muestra la evolución del rendimiento de los instrumentos de deuda externa de los mercados emergentes. Asimismo, muestra la diferencia en puntos básicos (pb) entre la tasa de interés que deben pagar los países emergentes en bonos denominados en dólares y la tasa de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.)[1].
En Venezuela, el comportamiento del índice EMBI+ se mantuvo relativamente estable entre 2010 y 2013, promediando 1.058 pb. Sin embargo, desde 2013, el índice ha incrementado de forma sostenible, pasando de 754 pb en 2013 a 3.056 pb a mediados de marzo de 2015.
En 2014, el índice EMBI+ se ubicó en promedio en 1.336 pb, lo que representó un incremento de 44,3% con respecto al índice promedio de 2013. Sin embargo, fue a partir de agosto cuando se inició el incremento sostenido del indicador, y apenas un mes antes, es decir julio de 2014, comenzaron a caer los precios del crudo.
La caída abrupta y sostenida de los precios petroleros desde mediados de 2014 ha impactado de forma importante el desempeño del índice EMBI+. Desde el mes de junio del año pasado, el coeficiente de correlación entre los precios del petróleo y el comportamiento del índice EMBI+ se ha ubicado en -99,7%.
No obstante, en el año 2009, cuando el precio de la cesta venezolana cayó en promedio 34,8% con respecto al año previo, la correlación con el indicador riesgo país fue de -93,7%. A pesar de que la relación entre la percepción de riesgo y el precio del crudo es evidente, el deterioro de la economía ha llevado a que los precios petroleros sean hoy más determinantes.
El costo de oportunidad: renunciar al financiamiento externo. El índice EMBI+ indica que el precio del financiamiento externo ya casi no es un problema para el resto de los países latinoamericanos. El retraso en la toma de decisiones y la indiferencia económica ocasiona que hoy en día Venezuela sea el país más riesgoso de la región. Sacando a Argentina, que aún sufre las consecuencias de la suspensión de pagos de 2001 (604 pb), y a Ecuador, que como país petrolero también ha sufrido una merma en las exportaciones (840 pb), el índice EMBI+ promedio del resto de los países de América Latina es de apenas 240 pb. Hoy en día, solo Ucrania tiene una brecha de tasas mayor a la de Venezuela, con un índice que se ubica en 3.934 pb.
Para los países latinoamericanos, el promedio del índice EMBI+ para el mes de febrero se ubicó en 532 pb, mientras que para Venezuela el índice promedió 2.776 pb, lo que significa que mientras las emisiones en el resto de la región pagaban intereses de 5,3 puntos porcentuales (pp) por encima de los bonos del Tesoro de EE.UU. en promedio, los bonos venezolanos, pagaban en febrero alrededor de 27,8 pp por encima de los bonos libre de riesgo.
Los altos costos del financiamiento externo tienen claras repercusiones sobre la economía real. En una coyuntura como la actual, en la que los mercados perciben un riesgo de incumplimiento de pago, se reduce la disposición de otros países a comprar deuda venezolana, dificultando la capacidad de inversión y de recuperación de la economía del país. Recurrir a financiamiento externo, que en teoría podría ser una herramienta para solventar la caída en los ingresos de divisas, es cada vez más una opción menos rentable.
Para Venezuela, el incremento del riesgo país y, por ende, el alto costo de la deuda externa es una de las variables que muestra el costo de oportunidad de haber mantenido este modelo. Si el Gobierno venezolano quisiera realizar emisiones de deuda para reducir lo menos posible las importaciones en 2015, y con esto aminorar los problemas de escasez y desabastecimiento, tendría que enfrentar un índice EMBI+ 57,9% superior al del primer año del Gobierno del expresidente Hugo Chávez.
Incluso sin mercados internacionales, algo se hace. Si no se hacen los ajustes económicos necesarios y se siguen manteniendo las distorsiones que ahogan cada vez más a la economía, la percepción de riesgo de Venezuela no mejorará.
No contar con los mercados internacionales para fines de financiamiento es costoso, pero el Gobierno ha sabido cómo sobrellevar esta situación. China se ha convertido en el “prestamista de última instancia”, y el recorte en las importaciones, debido a la contracción de los ingresos en divisas, es cada vez mayor. Somos de la opinión que si bien acceder a los mercados internacionales para financiamiento es muy costoso, el Gobierno tiene otros mecanismos para evitar los ajustes y seguir corriendo la arruga. El sector privado será en todos los casos el más perjudicado por esta situación: contracción en las importaciones, monetización del déficit que ocasiona presiones inflacionarias, depreciación de los diferentes tipos de cambio, entre otros.
Además de esto, para este año estimamos un déficit de caja alrededor de los US$25.577 millones, que implicaría una fuerte contracción de las importaciones privadas. De este déficit estimamos que el Gobierno ha recaudado: US$1.933 millones por el pago de deuda de República Dominica, US$2.500 millones por las operaciones de crédito de Citgo, US$7.000 millones financiados por China, US$3.000 millones por las operaciones en oro y US$8.800 millones que es la posición actual de recursos extrapresupuestarios del Estado, lo que nos dejaría aún un monto de US$2.344 millones por financiar.
Incertidumbre para rato. El Gobierno no ha dejado una ruta de acción clara, priorizando lo político sobre lo económico. El escenario no es claro y mientras permanezca así el riesgo país no disminuirá.
En reiteradas ocasiones, el Presidente ha manifestado la voluntad del Gobierno Nacional de cumplir los compromisos de pago con los tenedores de bonos y ha puesto el pago de la deuda externa por encima del pago de la deuda al sector privado. Sin embargo, la reducción de las importaciones tiene un límite. El incremento del riesgo país que obtiene Venezuela no se debe a que los inversionistas se cuestionen la falta de voluntad de pago; lo que hoy es una verdadera preocupación para los tenedores de bonos es si el país tiene la capacidad de hacerlo.
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