Dayrí Blanco El Carabobeño
La contabilidad en las industrias no cuadra. La relación tradicional entre costos de producción y ganancias no existe.
Trabajar a pérdida es la nueva norma de acuerdo a la regulación de precios impuesta por la política económica actual.
El rezago es de 120% en una situación que se ha vuelto insostenible y ha paralizado líneas de manufactura, denunció el presidente de Fedecámaras Carabobo, Damiano Del Vescovo.
La cesta básica se ha convertido en la camisa de fuerza para el sector productivo nacional. Del Vescovo fue tajante al solicitar la nulidad de la Ley de Precios Justos.
Explicó que lo único que se mantiene congelado es el precio de venta final mientras los insumos se han incrementado hasta en 400% en algunos casos.
Este año se ha ajustado en dos oportunidades el salario y la inflación sigue sin detenerse.
Aunque la intención del instrumento legal es proteger al consumidor se causó el efecto contrario.
“Los revendedores son los que se benefician al compran barato y vender caro, porque los consumidores acuden al mercado negro para conseguir lo que necesitan y el desabastecimiento no les permite adquirir los productos en los establecimientos”.
Diversas empresas que fabrican productos regulados en el país han insistido en la liberación de precios o en un ajuste.
El costo de materia prima nacional e importada está en ascenso.
En las industrias se repite el caso de los empaques plásticos y metálicos, cuyos proveedores locales deben recurrir al mercado paralelo de divisas para comprar en el exterior los materiales necesarios.
En Venezuela alrededor de 50 productos mantienen sus precios regulados desde hace más de un año. La Ley de Precios Justos está en vigencia desde enero de 2014.
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