“La frontera tiene hambre y necesidad”

La Nación

“Las pérdidas son incalculables, el daño mayor es la seguridad jurídica, hay muchos empresarios pensando en abandonar la zona, y así también familias venezolanas quieren emigrar; esto es grave para la seguridad y soberanía nacional”, advierte José Rozo.

Para el expresidente de Fedecámaras Táchira, José Rozo, después de más de un mes del cierre de los puentes internacionales que comunican con Colombia y del decreto de estado de excepción “la frontera tiene hambre y necesidad, pues a raíz de la crisis entre Caracas y Bogotá, esta zona se ha sumido en un mar de calamidades, y perjuicios para los sectores productivos, comerciales, manufactureros, industriales y de servicios”.

Considera que “con las políticas internas unilaterales del Gobierno, como el cierre del paso y la suspensión de las garantías -vía estado de excepción-, y ahora con la infamia burlesca de obligar a la gente a comprar dos veces por semana lo que se siguen violando masivamente los derechos humanos, sociales y económicos  de los habitantes de la frontera tachirense”.

“Violación de los derechos humanos no significa solamente que un funcionario agarre a patadas a una persona o que lo desaparezca, también lo es que las personas no tengan acceso a los alimentos, como sucede actualmente en los municipios fronterizos”, asegura Rozo.

—Nadie se opone a que el Estado combata con todo su poder a la delincuencia organizada y ponga en resguardo a los criminales estén donde estén; lo que no se puede aceptar es que para combatir a un grupo de individuos,  se vulneren los derechos fundamentales a más de 150 mil personas que habitan en San Antonio y Ureña, cuya protección a la vida y bienes está claramente concebido en el artículo 55 de la Constitución, de modo que no es un favor que le hace el Gobierno a uno, sino un deber del Estado— argumenta.

“Todas las fronteras del mundo dependen del otro lado y viceversa, es decir, viven de una integración comercial interfronteriza. Aquí claramente al cerrar la frontera se están violando el derecho al trabajo y los derechos económicos y principios fundamentales humanos”, explica.

Por eso, insiste: “Apoyamos cualquier iniciativa que el Gobierno tenga para combatir a la delincuencia, pero con la exigencia de que se nos devuelvan nuestros derechos conculcados; tal y como lo establece el artículo 132 de la Carta Magna, debe promover los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática yde la paz social”.

Destaca José Rozo que “da dolor ver cómo desde tempranas horas de la mañana la gente sale a las calles buscando qué comer, qué comprar, ir por cada establecimiento para ver qué venderán y se encuentra con que solo hay papel higiénico o salsa de tomate, pero nada de arroz, pasta o enlatados, porque los granos están caros y no les alcanza”.

“Antes del cierre de la frontera los productos que no se conseguían aquí, alimentos o medicinas, los ciudadanos cruzaban a pie al otro lado de los puentes y aunque más caro, lo conseguían y ahora ni eso se puede”, argumenta.

“Es en este Gobierno donde la frontera ha vivido los peores momentos”

Refiere Rozo que “es en este Gobierno donde la frontera ha vivido los peores momentos. 

Esto no lo habíamos vivido en los gobiernos de la democracia del pasado, lo más difícil fueron los sucesos de agosto de 1.987, cuando estuvimos a punto de ir a una guerra por la incursión de la corbeta de Caldas de la armada colombiana en el Golfo de Venezuela, por lo cual la frontera fue militarizada y hasta se colocaron artillerías aéreas y se suspendieron las garantías constitucionales. 

Esa situación se superó gracias a la intervención de la OEA. Tampoco en los sucesos de El Caracazo se cerró la frontera ni en la intentona golpista de 1.992 o en la segunda del 27 de noviembre”.

A su juicio, “la frontera tiene que abrirse para la integración económica, social, cultural y cerrarse para el delito… si bien es cierto hay una situación de ‘tranquilidad’ por parte de los sectores comerciales e industriales que eran extorsionados por las bandas criminales de la frontera, el Gobierno no ha aplicado medidas económicas concretas para corregir las desviaciones que originan el contrabando”.

Aunado a eso, cuestiona que “como decían los empresarios recientemente, qué hacemos si viene mano de obra a trabajar en nuestras empresas, qué van a comer y de dónde la sacaremos si es que no hay; un kilo de arroz que costaba hace diez días entre 60 y 100 bolívares, hoy si es que se consigue llega a valer hasta 550 bolívares; un cartón de huevos que costaba 500 bolívares ahora está sobre los mil”.

“Ese tipo de impactos empobrecen a la población y son desaciertos evidentes de estas medidas que afectan el derecho a la alimentación del pueblo”, indica, al tiempo que lamenta que “la Cámara de Comercio de San Antonio y el sector comercio ha solicitado reuniones privadas con la autoridad única de la zona de seguridad I, para conversar aspectos puntuales y hasta la fecha no se ha logrado”.

Cuestiona, además, que la asamblea que tuvo lugar la semana anterior en la aduana “fue de carácter populista y no una forma de trabajo  con los sectores que realmente hacen vida en la zona”.

—Desde el año 2008 he dicho que Colombia ha sido tolerante y en todo caso alcahuete con una serie de delitos que suceden allá y nos afectan a nosotros directamente. 

Estoy dispuesto a reunirme con la autoridad regional, eso sí, con una comisión dentro del marco de la Constitución y la democracia y sin prensa, para verdaderamente tratar temas muy puntuales que tienen que ver con la recuperación el valor del bolívar, el contrabando, la delincuencia en ambos países y las políticas que viene aplicando el Gobierno colombiano que en nada ayudan a minimizar el impacto que han tenido las acciones emprendidas desde aquí— afirma Rozo.

A propósito del encuentro que tuvieron los presidentes Santos y Maduro comenta: “Estamos viviendo la falta de una política integral y de seguridad para el desarrollo en la frontera y eso es competencia de los gobiernos de Caracas y Bogotá; ambos han estado siempre de espaldas a esta realidad fronteriza, poco les ha importado y hoy le agregamos que es de carácter político su interés actual”.

De allí que considera que “ambos mandatarios deben despojarse de cualquier intención de carácter político-personal para que puedan ver realmente la solución de los problemas” y advierte que “de abordarse tal y como ocurre con el tratamiento interno del problema fronterizo, es decir, haciendo reuniones y mesas de trabajo dentro de un proyecto político particular y no desde un marco constitucional y democrático; los planes estarán condenados al fracaso”

“Ojalá que los gobiernos de ambos países se aboquen a enfrentar a la delincuencia en todas sus manifestaciones, porque a nosotros se nos han suspendido garantías aquí en la frontera, pero resulta que una emisora de la guerrilla colombiana sigue saliendo al aire todos los días menospreciando a los venezolanos que no están con el gobierno actual y la vez lanzando arengas a favor del mismo. Eso no puede ser”, reitera.

“Son incalculables pérdidas económicas”

Señala José Rozo que las pérdidas económicas que acarrea el cierre de la frontera con Colombia son incuantificables a ambos lados.  

“Las pérdidas son incalculables, el daño mayor es la seguridad jurídica, hay muchos empresarios pensando en abandonar la zona, y así también familias venezolanas quieren emigrar; esto es grave para la seguridad y soberanía nacional”, advierte.

Cita, por ejemplo, que: “Quedaron represadas en Colombia 710 gandolas con baterías para vehículos, transformadores para la Misión Vivienda, insumos para diálisis y demás, materias primas para sector plástico y automotriz, equipos para explotación petrolera, neveras (no de lujo), artículos de higiene y aseo personal, entre otros”.

— El transporte de carbón colombiano que lo hacen unos 2 mil venezolanos desde las minas de Cúcuta, el descargue, almacenamiento a la aduana en Ureña, y el transporte hasta la aduana de La Ceiba; luego, en ese puerto todo el servicio también lo hacen venezolanos, cabezas de familia que se quedarán sin trabajo, pues Colombia dejará de usar a Venezuela como tránsito para sacar su carbón a mercados internacionales. Lo hará vía fluvial por el Norte de Santander— subraya.

Asimismo asegura que: “Los sectores manufactureros tienen pérdidas por falta de insumos y mano de obra especializada en plena temporada. Las ventas en general para el interior del país han caído drásticamente. 

Para esta temporada de fin de año vienen a compra del interior del país, calzado, ropa, artículos de cuero. Esto además que disminuyó, se retrasó pues los despachos de entregas se hacen en agosto y septiembre, para que en octubre esté en las vitrinas”.

Añade que “los servicios como el transporte público y carga, servicios de aduanas, servicios mecánicos y restaurantes están en recesión. 

Al igual la economía del rebusque a lo largo de la vía San Antonio – San Cristóbal, personas naturales que completan sus escasos ingresos con lo que ofrecen a los viajeros; los Capachos están también muy afectados económica y socialmente”.