Dólar paralelo acaba con la palma aceitera en Sur del Lago
Azupalma cuestiona el escenario de “problemas” para continuar la producción sin incentivos del Estado venezolano.
Yasmin Ojeda La Verdad
La jornada diaria rural en Colombia, muy cerca de la frontera con Venezuela, se paga a 30 mil pesos. A la semana la remuneración ronda 150 mil pesos para un fumigador de plantaciones; eso representa más de 25 mil bolívares, lo que en Sur del Lago jamás podrán pagar los productos a sus trabajadores.
La fuga de mano de obra tiene desolado el cultivo de palma aceitera en Jesús María Semprun y municipios agrícolas.
No solamente está ese “problema. Hay más”, precisa Alfredo Pedroza, presidente de la Asociación de Palmeros del estado Zulia.
La Corporación Venezuela de Aceites y Grasas pone trabas al obligar que el racimo de fruta de palma se coloque “exclusivamente” en las plantas del Estado, Palmeras Diana y San Simón, a precio de nueve mil bolívares la tonelada cuando los costos de producción arrojan precio de 15 mil 240.
“Nos restringe nuestra libertad económica de poder negociar con una planta privada”.
La cartelización de precios impuestas, alejada de la metodología que Latinoamérica fija pago de 17 por ciento sobre la tonelada de aceite, “desincentiva” y resta capacidad para soportar y contener la fuga de personal a Colombia.
Pedroza da la razón a los trabajadores que le dicen: ‘Patrón cómo vamos a trabajar aquí si lo que me gano en una semana allá no me lo gano en dos meses aquí’.
“La situación es insostenible”. Desde Azupalma hacen cuentas y hasta para conseguir la comida de los obreros es inflación y aumento de costos de producción. “Hace 30 días el kilo de arroz estaba a 100 bolívares.
En el Cruce un kilo ahora está a 700 bolívares”, critica Pedroza ante la negativa del Gobierno de entender la realidad que golpea la producción y que está dejando “palmas podridas” porque no tienen cómo soportar la crisis. Los efectos se extienden hasta en la falta de combustible.
Surtirse a tiempo ante el desabastecimiento es pagar 40 bolívares por litro.
La propuesta de vender producción a mercados extranjeros sonó a una salida viable para evitar el contrabando “que beneficia al comerciante colombiano, las plantas colombianas y el militar de la Fuerza Armada que es sobornado”.
Se hace eco del anuncio del gobernador Francisco Arias Cárdenas. Mientras en Venezuela se obliga a nueve mil bolívares la tonelada, los mercaderes colombianos llegan a las fincas ofreciendo 15 mil bolívares.
“Cuando se lleva un camión de 20 tiendas, tienen ganancias de 500 mil bolívares, perjudicando al productor que no está en la orilla de la frontera. Esta pérdida no la podemos soportar”, lamenta Pedroza.
La estimación se acerca a que entre 30 y 40 por ciento de la producción de palma está saliendo a Colombia vía contrabando de extracción.
Y en medio de los efectos del diferencial cambiario y la inflación está “el productor que no es culpable de lo que atraviesa el país”.
La crisis los ataca por diversos frentes, y es que hasta para poder cancelarles la remuneración hay trabas.
Las entidades bancarias en Sur del Lago no permiten retiro superior a 10 mil bolívares y los desembolsos son en billetes de dos y cinco bolívares “que nadie quiere”, cuestiona Pedroza.
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