Ejecutivo no ha tenido éxito en alcanzar la Soberanía Alimentaria

La política oficial ha consistido en aumentar los controles.

ANGIE CONTRERAS C. |  EL UNIVERSAL

En cada uno de sus periodos presidenciales, Hugo Chávez prometió la autosuficiencia en la producción de alimentos, con lo cual el país se convertiría en una potencia agroalimentaria para el 2019. 

El Gobierno lleva 15 años tratando de alcanzar la soberanía alimentaria y todavía no lo ha logrado. 

La vía que el Ejecutivo ha escogido para alcanzar la tan anhelada autosuficiencia alimentaria ha sido la de los controles, tanto en los precios como en los medios de producción, dejando de lado el estímulo que requieren los sectores para elevar la producción.

El Presidente Nicolás Maduro anunció esta semana la creación de una Vicepresidencia de Soberanía Agroalimentaria, a través de la cual se canalizarán las políticas para la producción y el abastecimiento, que será dirigida por Yván Gil, quien hasta hace cuatro días estaba al frente del Ministerio de Agricultura y Tierras.

Pero a lo largo de estos 15 años son innumerables los planes y las instituciones que el Gobierno ha creado para alcanzar ese fin. 

A través del Indecu, y luego del Indepabis, se desplegaron numerosos planes de fiscalización orientados a "luchar" en contra de la especulación y el acaparamiento, cuyas medidas fueron la respuesta del Ejecutivo para tratar de contener la inflación y la escasez derivada de los controles de cambio y de precios.

En 2008 Chávez promulgó vía Habilitante la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria que tiene como finalidad "brindar una herramienta jurídica en manos del Estado y de la sociedad en su conjunto que permita la planificación normativa, estratégica, democrática, participativa y territorializada de la producción agrícola, también la gestación y desarrollo de espacios para la producción y distribución de bienes, servicios y riquezas cónsonos con el proyecto de sociedad plasmado en nuestra Constitución, al tiempo que se garantiza el abastecimiento y distribución equitativa y justa de alimentos a toda la población". 

Además, estructuró un marco que impide a las empresas paralizar o suspender la producción, distribución y comercialización de alimentos, y estableció la declaratoria de utilidad púbica de los medios de producción cuando el Estado lo considere necesario.

También fueron creadas la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (Sundecop) que fue sustituida este año por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) con el fin de analizar y controlar los costos, precios y ganancias de las empresas, para evitar que hubiese especulación. También absorbieron los lineamientos para el control del contrabando, la reventa de productos, el acaparamiento y el boicot. 

De estos organismos se desprendieron una serie de planes de fiscalización que poco efecto tuvieron en el mercado. 

La inflación siguió desbordándose y la escasez de productos básico se ha mantenido en ascenso, lo cual es palpable en el mercado nacional. 

Desde abril el Banco Central no publica los indicadores oficiales.

El Gobierno creó también desde mediados de 2013 el Estado Mayor para el Abastecimiento y más tarde la Comisión Presidencial Agroalimentaria y el Órgano Superior para el Abastecimiento, donde se analizarían los factores que obstaculizan la producción, y servirían de espacio para discutir las políticas públicas dirigidas a estabilizar el abastecimiento.

En reuniones que sostuvo el Gobierno con el sector privado se identificaron 12 puntos sobre los cuales se planteaba trabajar para eliminar la trabas en la producción. Entre ellos figuraban el rezago en la liquidación de divisas, el control de precios, la Ley del Trabajo y la escasez de insumos y materias primas, aspectos que todavía no han sido resueltos.

El incremento de la producción y la estabilidad del abastecimiento depende de las medidas que el Estado tiene pendiente en materia cambiaria, fiscal y de precios. El aparato productivo ha disminuido como consecuencia de estas y otras políticas como las expropiaciones de industrias y las intervenciones de tierras productivas, que hoy poco aportan al mercado nacional.

En lugar de aplicar los correctivos necesarios para estimular la economía del país, el Gobierno ha creado un entramado de instituciones burocráticas que retrasan el sano desenvolvimiento del mercado y de los medios de producción. 

La producción nacional sigue siendo insuficiente para atender la demanda de la población, y cada vez se es más dependiente de las importaciones, para las cuales se destinan miles de millones de dólares anualmente. 

Tan solo en el primer semestre de este año la República destinó 4,8 millardos de dólares, 2,1% más que en 2013 según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).