Control de Precios

Se necesita un sistema de precios que anime a todos los ciudadanos.

ALEJANDRO J. SUCRE |  EL UNIVERSAL

El control de precios aún donde los precios aceptados por las autoridades son superiores a los costos de producción tiene un efectos nocivo sobre la economía imposible de superar. 

El efecto perjudicial del control de precios es que impide aumentar la producción y por lo tanto asfixia a una población que crece. 

Y cuando los precios no reflejan los costos de producción la misma se contrae a pesar que el consumo aumenta. 

El control de precios por parte de los funcionarios públicos le envía una señal a todos los habitantes de un país que sus iniciativas productivas y su patrimonio invertido en empresas para producir dependerá no de lo que digan sus clientes dentro y fuera del país, sino de lo que digan un grupo de funcionarios según sus conveniencias electorales. 

Y todo productor sabe que no hay funcionario que pueda reconocer todos los costos y los cambios de costos para todos los productos en una economía. 

Y mucho menos un productor va a arriesgar su patrimonio y sus años de vida en producir productos cuyos precios dependan de la rapidez con la que un funcionario público desde lejos decida si ajusta o no los precios a los nuevos costos y que además los haga a tiempo para miles de productos. 

La fijación de precios por el Estado no funciona ya que en el fondo pone toda la producción en manos de los funcionarios públicos bien sea expropiando o a través de empresas del Estado. 

Los funcionarios públicos por sí solos y por vías de empresas del Estado, en ningún país en la historia del mundo han podido aumentar la producción ni generar las innovaciones que requieren una economía. 

Se necesita un sistema de precios que anime a todos los ciudadanos de un país a participar con sus talentos en la producción nacional. 

Control de precios significa que no habrá nuevas inversiones ni mejoras e innovaciones en los productos que se presentan en una economía. 

También significa que ningún estudiante universitario logrará encontrar trabajo ya que las fábricas existentes no se expanden, ni tampoco inversionistas podrán crear nuevas empresas y lanzar nuevos productos. 

Por lo tanto, el control de precios lleva siempre y en todas partes a la escasez y al burocratismo. Y esto genera falta de entusiasmo y confianza en el futuro.

Población

Y cuando la población crece más rápido que la producción la violencia se impone, la emigración le sigue y el pauperismo se consolida. 

Si el gobierno de Venezuela permitiera que nuestra economía opere con el mismo sistema de fijación de precios que funciona en Nicaragua, Bolivia y Ecuador (países del ALBA), nuestro país viviera en plena prosperidad en medio de una caída en los precios del petróleo. 

Las decenas de miles de fincas exportadoras de productos alimenticios como el cacao, las frutas tropicales, los mineros, los productos del mar, la banca, la manufactura, la energía, el movimiento turístico y todo el territorio venezolano estaría vigorosamente empleado por sus profesionales, técnicos y obreros.

En realidad las actuales autoridades económicas del país se equivocan al pensar que las importaciones subsidiadas de productos básicos, el control de precios a la producción nacional, los operativos de venta de productos en camiones y el aumento del empleo por parte de las empresas del Estado son la respuesta adecuada para proveer de bienes y empleos a la población de menores recursos. 

La población de menores recursos tiene una tasa de natalidad superior a la tasa de crecimiento de las importaciones y a la producción de las empresas incentivadas desde el Estado. 

La segunda economía más pobre de Centro América como lo es Nicaragua, que es parte de la revolución bolivariana, hoy tiene una inflación del 5% anual y un crecimiento del PIB. 

Igual Bolivia que en los primeros 8 meses del 2015 presentó una inflación del 1,9%. 

Ambas economías tienen sistemas de precios definidos por el mercado y que además permite la competencia de productos importados sin subsidios en la tasa de cambio. 

Todos los países del ALBA, excepto Venezuela, tienen sistemas de precios fijados por el mercado y no por funcionarios públicos.