Gobierno distribuye ideológicamente los alimentos

El Estado tiene el control de la cadena agroalimentaria: asigna los dólares para la compra de insumos, fija los precios, regula los costos y emite las guías de movilización. Polar tiene 143 liquidaciones de divisas pendientes.

DULCE MARÍA RODRÍGUEZ    el nacional

La llegada de los alimentos a la mesa de los venezolanos está precedida de una cadena de eslabones que van desde la siembra de la semilla, pasando por la transformación industrial, hasta la distribución y comercialización. Estas fases son presionadas por la demanda del mercado que debería impulsarlas a generar mayor cantidad de productos si así se requiere.

En el país, sin embargo, el Ejecutivo tiene el control de todas las etapas del proceso y hasta ahora la gestión, según los expertos, no podría calificarse de exitosa. Aseguran que el gobierno intenta solucionar la caída de la producción agroalimentaria que generan las políticas socialistas –desde hace 12 años están vigentes los controles de precios y cambiario– con la importación de rubros básicos.

“El gobierno controla el abastecimiento de alimentos a partir de su ideología socialista”, afirmó Tomás Socías, asesor y ex presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos. Agregó que con la liquidación de las divisas el Ejecutivo domina la entrega de insumos para los agricultores. También fija los precios que pagará a los productores del campo por su cosecha, y el que cancelará el consumidor para llevar el alimento a la mesa. Igualmente regula los precios y las ganancias de las empresas.

Además, distribuye los alimentos a sus redes Pdval, Mercal y Bicentenario y suprime el despacho a las zonas de su elección con la Guía Única de Movilización de la Superintendencia Nacional Agroalimentaria. El requisito es indispensable para la distribución de los alimentos. El especialista aseguró que con la no emisión “provocan desabastecimiento de los productos básicos en los destinos que no consideran adecuados, es decir, los contrarios a su ideología”.

Luz para la calle

“Existe un divorcio entre la visión para garantizar la seguridad alimentaria, que se aplica con la política de importaciones, y la visión de rescatar el desarrollo agrícola nacional”, indicó Rodrigo Agudo, experto agrícola.

El presupuesto del Ministerio de Alimentación está enfocado en las necesidades de importación y no en lo que los productores agrícolas requieren para cultivar, agregó Agudo. El año pasado, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó créditos adicionales por 22,4 millardos de bolívares (3,5 millardos de dólares) para la compra de alimentos.

El Instituto Nacional de Estadísticas indica que en las importaciones por secciones arancelarias para el periodo de enero-junio de 2014, en el segundo lugar estuvieron los productos agrícola-vegetal y animal (18,2%) y se destinaron 3,1 millardos de dólares para la compra.

Socías añadió que a pesar de la cuantiosa pérdida de dinero por mala gestión que le ha generado al Estado la  Corporación de Abastecimiento y Servicio Agrícola, calculada en 10 millardos de dólares, persisten las importaciones. “Se prefiere por razones ideológicas no hacer acuerdos con los productores nacionales”, expresó.

Sin insumos ni repuestos

En 2014 la producción de carne cayó 50% y la de leche, 70%. La merma se debe a la falta de insumos para la producción, señaló Rubén Darío Barboza, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos.

Antonio Pestana, presidente de Fedeagro, apuntó que Agropatria no les da los recursos a tiempo. Añadió que han tenido que recurrir a la compra de insumos, como semillas, a vendedores internacionales.

En 2010 el gobierno expropió Agroisleña y la convirtió en Agropatria. A partir de ese año la empresa estatizada asumió el control del despacho de insumos agrícolas, financiamiento a los productores y asistencia técnica. “Los precios especulativos que aplicaba a los productos, además de apoyar el latifundio y explotar a los pobres mediante préstamos con altos intereses”, fue la razón que esgrimieron para la expropiación.

Antes de la nacionalización, los productores podían conseguir en las tiendas una amplia variedad de agroquímicos. “Ahora faltan semillas de pasto, fertilizantes, equipos biológicos, herbicidas, vacunas, alimentos concentrados, tractores, aceites, combustible y repuestos para las maquinarias”, enumeró un productor.

A la situación se suma la intervención de tierras. La guerra contra el latifundio decretada por el presidente Hugo Chávez en 2005, para acelerar la reforma agraria, tuvo un efecto nocivo. Los productores opinan que el balance de los resultados es la destrucción de la producción, pérdida de fuentes de trabajo, más escasez de alimentos para atender el consumo interno e irrespeto a la propiedad privada.

Materia prima para la industria

El presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Juvenal Arveláez, aseguró que producen a máxima capacidad de acuerdo con la disponibilidad de materia prima e insumos. Advirtió al gobierno que para que exista abastecimiento regular y permanente es urgente poner en práctica una serie de medidas.

Las industrias de alimentos dependen de que el gobierno les liquide de manera oportuna las divisas para cancelar a proveedores internacionales la materia prima e insumos, y de que presente reglas claras para las futuras asignaciones de dólares.

Alimentos Polar en su último reporte de gestión registra 143 solicitudes de liquidación de divisas que esperan respuesta del Cencoex para pagar 133 millones de dólares que les deben a proveedores foráneos.

La industria pide la adecuación justa y oportuna de precios para que reconozcan los aumentos de los costos de producción y no se produzcan rezagos que atenten contra la viabilidad de las empresas.

Otro inconveniente es la Ley Orgánica del Trabajo que no les permite actuar contra el ausentismo laboral. El documento de Alimentos Polar muestra que dejaron de producir 152.000 kilos de alimentos por esta razón.

El gobierno expropió empresas productivas que ahora apenas están operativas. De 16 centrales azucareros, 10 son controlados por el Ejecutivo y solo generan 20% de la producción nacional. En 2009 fue expropiada Fama de América y Cafea. La producción en 2014 mermó casi 70%. De 1,2 millones de quintales, aproximadamente, que se produjeron en 2013 se descendió a 400.000 quintales, según datos oficiales.

Importaciones en manos del Estado

El gobierno desplazó a privados en la importación de alimentos. Uno de los objetivos del Ministerio de Alimentación era expandir el alcance de las redes de comercialización del Estado para “garantizar la seguridad alimentaria y disminuir la escasez de alimentos”.

Pero la seguridad alimentaria no ha estado asociada a la producción interna, se quejan los expertos. Para el Ejecutivo, aseguran, la prioridad ha sido mantener los anaqueles llenos, sin que sea necesario que los productos tengan impreso: “Hecho en Venezuela”.

El gobierno, a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, ha concentrado la importación de materias primas y productos terminados, con lo cual se ha convertido en el principal proveedor no solo de las empresas públicas, sino también de las privadas.

La Memoria y Cuenta del Ministerio de Alimentación de 2013 señala que CASA despachó a las cadenas privadas 76.647 toneladas de productos terminados.

El organismo también suministró 1,9 millones de toneladas de materia prima para la agroindustria pública y privada (Alimentos Polar, Cayca Alimentos, Alimentos la Piedra, Convaca, Agroleón Molinos San Felipe, Venalcasa, Pronutricos, Venarroz, Fextun, entre otros).

Las industrias privadas se sostuvieron en 2013 y 2014, en buena medida, con las importaciones del Estado. Los retrasos en la liquidación de divisas, entrega de permisos para importación, trabas en la nacionalización de mercancías, fiscalizaciones, controles de precios y regulación en los costos, limitaron la posibilidad de las empresas de reponer inventarios, lo que incrementó la dependencia del suministro del Estado, dijo una fuente del sector industrial.

Distribución y comercialización sin guías

Todos los bienes que se comercializan en el país deben tener un permiso de circulación que otorga la Superintendencia Nacional Agroalimentaria, anteriormente Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas.

El mecanismo se encarga de controlar y vigilar la producción y el despacho de todos los alimentos que circulan en el territorio nacional, mediante la emisión de guías de movilización. En 2008, año en que entró en vigor, el sistema se aplicaría a los estados fronterizos Táchira, Zulia y Apure, con el fin de frenar el contrabando de extracción de los productos de la cesta básica. Al poco tiempo se extendió a todo el país.

Seis años después el gobierno retomó el mismo argumento del contrabando de extracción para establecer el sistema de guías de movilización a todos los bienes prioritarios.

El presidente Nicolás Maduro ha afirmado que 40% de los productos que deberían estar destinados al consumo interno se desvía hacia Colombia. Esto demuestra que el sistema de guía no ha resultado eficaz para detener el contrabando, han señalado los empresarios.

Ha funcionado, sin embargo, como una herramienta para que el gobierno controle el abastecimiento de alimentos a partir de su ideología socialista, aseguró Tomás Socías López, asesor y ex presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos.

Agregó que suprimen el despacho en las zonas de su elección y envían la mayor cantidad a las redes públicas Pdval, abastos Bicentenarios y Mercal, a las que acuden, en su mayoría, los afectos al gobierno.