“Es grave omisión del Estado en la alimentación”

Rafael Uzcátegui dijo que el gobierno no puede argumentar guerra económica y violar derechos ciudadanos.

SOFÍA NEDERR   el nacional

La situación del desabastecimiento y escasez era previsible y “es grave la omisión del Estado en garantizar el derecho a la alimentación”, señaló el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui. Indicó que la crisis comenzó hace dos años en las regiones del país y ahora se ha agravado porque alcanzó a los caraqueños “en grado de intensidad”.

Lamentó que el gobierno no haya actuado para generar políticas consensuadas y claras con los productores de alimentos. Cuestionó la difusión de mensajes oficialistas que, en su opinión, son contradictorios.

“El gobierno debe tomar medidas con reglas concretas a corto, mediano y largo plazo. Se han desarrollado políticas erradas como por ejemplo la del derecho a la tierra, la superficie cosechada en el país no ha aumentado. 

No se puede seguir con el argumento de la guerra económica e incumplir los derechos constitucionales de los ciudadanos. Debe detenerse la política de expropiación a las empresas, que ha sido ineficaz, y asumir decisiones estructurales. 

Rechazamos que se use a la Fuerza Armada Bolivariana para prohibir manifestaciones pacíficas por el acceso a los alimentos, esto incrementa la violencia, pero sí deben resguardar a los ciudadanos, se han reportado atracos en las colas”, indicó.

El vocero de la ONG repudió la persecución por ejercer el derecho a la protesta, la toma de fotografías y los decretos de algunos gobernadores que impiden la realización de colas durante la noche porque considera que eso agravará el problema. Cree que con las medidas el gobierno busca disminuir el efecto de la campaña negativa.

Provea registró las denuncias de que 2 de los 14 detenidos en Caracas durante protestas por la escasez, habrían sido maltratados con electricidad. Se denunció que los presos fueron agredidos en Cotiza. Este es uno de los casos que denunciarán ante el defensor del pueblo en la reunión del 22 de enero.

Derechos

El coordinador de Provea exigió al gobierno cumplir con la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU) del cual forma parte. 

Provea recordó, en su cuenta de Twitter, que según los estándares internacionales no se pueden adoptar medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir el acceso a los alimentos y deben realizarse actividades para fortalecer el acceso y la utilización por la gente de medios que aseguren su calidad de vida, incluyendo la seguridad alimentaria.

El Pacto también establece la promoción de medidas “para que empresas o particulares no priven a personas del acceso a una alimentación adecuada”. 

Se indica que “cuando los individuos sean incapaces por causa mayor de disfrutar el derecho de los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de realizar ese derecho directamente”.

Maltrato con electricidad

El abogado Nizar El Fakih, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, señaló que 2 de los 14 detenidos en San Bernardino y Santa Fe el 10 de enero denunciaron tortura y tratos crueles en la GNB de Cotiza. 

El tribunal 36 de Control no se pronunció sobre la solicitud para una revisión médica exhaustiva a los jóvenes de 23 y 24 años. “Denunciaron que recibieron una descarga eléctrica, en un caso fue en el brazo y en el otro en la cabeza”, señaló.

Añadió que algunas de las aprehensiones fueron por protestar por las colas para comprar alimentos y otras por tomar fotos. Dijo que hubo detenciones arbitrarias, se violó el debido proceso y los detenidos fueron golpeados y aislados; hasta la audiencia de presentación no pudieron ser vistos por abogados y familiares. 

Reconoció el trabajo del defensor delegado al informar sobre los nombres de los detenidos.