Cresta Roja: dicen que el kirchnerismo trabó ventas a Venezuela

Lo sostienen los dueños de Rasic, que aseguran que a partir de ese momento comenzó la debacle.

• Matías Longoni   Clarin

La avícola Cresta Roja ya fue, es historia. Pero en su lenta agonía hasta la quiebra, dictada el martes por la jueza Valeria Pérez Casado, hubo un dato llamativo: en vez de socorrerla, el kirchnerismo le quitó oxígeno al reducir al mínimo su cupo de exportación a Venezuela.

En el gobierno de Cristina Kirchner habría habido una “mano negra” que jugó para que la historia terminase como terminó: con la empresa paralizada en medio de un gran conflicto social y miles de trabajadores en la calle. 

Es lo que sospechan en el entorno de la familia Rasic, fundadora de la compañía que ahora será desguazada para buscarle nuevos dueños. 

La estadística lo confirma: luego de su convocatoria de acreedores, en julio de 2014, las ventas de Rasic a Venezuela cayeron de modo abrupto. 

Promediaban los 80 millones de dólares en los años previos. Pero en 2014 cayeron a 20 millones. Y en 2015 desaparecieron.

Los que cortaban el bacalao en materia de exportaciones de alimentos al Estado venezolano eran el embajador Carlos Cheppi, un hombre del riñón de Julio De Vido, y las autoridades del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), una entidad con muy buena llegada al gobierno. 

En alguna parte de esa cadena se habría resuelto “castigar” a Rasic. 

“Hace un año y medio, luego de iniciado el concurso, nos sacaron primero 2.000 toneladas y después nos dieron solo 500 de las 4.000 que llegamos a exportar”, dijeron las fuentes. 

Además, en el Fideicomiso del Banco Nación de la Avenida Santa Fe, donde se concretaba los pagos, comenzaron a ralentizar los cheques para Cresta Roja, mientras que otras firmas avícolas cobraban mucho más rápido.

Según este relato, la parálisis exportadora a la que se condenó a esta empresa se extendió entre octubre de 2014 y marzo de 2015. 

Fue entonces que se desencadenó la crisis: los pollos que debían destinarse a Venezuela se volcaron hacia el mercado interno a precios deprimidos, comenzaron a llegar cheques rechazados, el personal dejó de cobrar en tiempo y forma, y la alta conflictividad sindical impidió poner la maquinaria de nuevo en marcha.

Recién entonces aparecieron los subsidios del gobierno para Rasic: unos 40 millones de pesos mensuales en REPRO que iban derecho a la cuenta de cada trabajador, y la promesa de 200 millones de pesos del ex gobernador Daniel Scioli para adquirir alimento balanceado y recrear el circuito productivo. 

Ese dinero -administrado por Daniel Gurzi, interventor designado por Aníbal Fernández- llegó tarde y se usó mal. 

La jueza Pérez Casado comenzó a reclamar ayer porque faltan todavía 100 millones. 

Y hasta pretende el maíz que se compró a un proveedor por otros 5 millones, pero que jamás fue entregado.