JESÚS OLLARVES IRAZÁBAL EL NACIONAL
Todos los seres humanos tenemos derecho a la alimentación adecuada y de vivir libres del hambre.
Para la realización de ambos derechos la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2000 la Declaración del Milenio, mediante la cual los Estados se comprometieron a llevar a la mitad el número de personas que padecieran hambre. La meta se debía alcanzar en 2015.
Con el propósito de proporcionar orientación práctica a los Estados en la promoción y defensa del derecho a la alimentación adecuada, en 2004 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, aprobó las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.
En la persistente búsqueda de soluciones para lograr que los Estados hagan realidad el derecho a la alimentación, en 2009 el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, CSA, manifestó su aspiración a “un mundo libre de hambre”.
En Venezuela, la seguridad alimentaria está consagrada en el artículo 305 de la Constitución, y el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, LOSSA, señala: “Todas las ciudadanas y los ciudadanos, en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela tienen el derecho a la disponibilidad y acceso oportuno y suficiente de alimentos de calidad”.
La referida ley precisa el contenido del derecho a la alimentación: la seguridad y soberanía agroalimentaria con especial énfasis en el impulso a la producción nacional de alimentos; la disponibilidad, acceso oportuno, inocuidad y calidad de los mismos; la participación de los diferentes actores que intervienen en la producción de alimentos tales como los organismos del Estado, el sector agroindustrial, los pequeños productores, los campesinos y la comunidad.
Sin embargo, todo ello es teoría. En la práctica, en Venezuela cada vez es más difícil consumir los alimentos esenciales, por los efectos devastadores del desabastecimiento y la inflación. El aprovisionamiento de lo más básico se enfrenta con dos obstáculos: no hay, o lo poco que hay subió tanto de precio que no se puede comprar.
Además, el derecho a la alimentación está sustentado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual se establece como componente imprescindible de un nivel de vida adecuado. También tiene fundamento en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Venezuela el 10 de mayo de 1978.
Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha establecido que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce “cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”.
En esa misma línea el Relator Especial de las Naciones Unidas, Oliver De Shutter, define el derecho a la alimentación como “el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”.
En 2004 se creó el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en cuya página web se promociona el lema: “¡En la Misión Alimentación, trabajo en equipo, triunfo seguro!”. Pero, para se haga realidad el lema gubernamental del triunfo seguro en materia de alimentación y los venezolanos puedan alimentarse con dignidad, se requiere de la producción y el abastecimiento suficiente de alimentos y la adquisición de estos de forma oportuna y permanente.
Se requiere que el gobierno facilite un entorno propicio en el que las personas puedan desarrollar plenamente su potencial para producir y procurarse una alimentación adecuada para sí mismas y sus familias.
Se requiere una base de ingresos adecuada y, por consiguiente, de la adopción de políticas salariales y redes de seguridad social que permitan a los ciudadanos poder realizar su derecho a una alimentación adecuada.
El costo de la canasta alimentaria se incrementa constantemente, alejándose del salario mínimo. Además, los precios de muchos alimentos incluidos en esta se calculan, de forma irreal, sobre la base de los precios de alimentos subsidiados por el gobierno nacional, que se venden en las redes Mercal y Pdval, todo lo cual genera una fuerte distorsión.
Se requiere que el gobierno revierta o revise las expropiaciones, invasiones o adquisiciones forzosas de tierra e industrias productoras de alimentos que pasaron a ser empresas socialistas, pues su funcionamiento ha sido ineficaz.
Se requiere una política equitativa en la operatividad y suministro en la red Mercal y sus operativos a cielo abierto, pues es indigno que los usuarios tengan que hacer inmensas colas (a veces hay que agarrar un número el día anterior) para comprar de forma muy limitada sus alimentos, ya que la adquisición se condiciona a que se compren otros que no necesariamente son prioritarios para la alimentación en el hogar.
También se requiere la adopción de medidas para combatir la corrupción, ya que muchos alimentos son negociados por funcionarios corruptos en el mercado negro. Son constantes las denuncias que hacen dudar de la calidad e inocuidad de los alimentos que se expenden en esta red, lo cual constituye una violación uno de los principios fundamentales al derecho a la alimentación.
Lamentablemente, el derecho a la alimentación sigue siendo una fábula y su garantía es etérea. En los anaqueles de los mercados no hay carnes, huevos leche, legumbres, ni frutas. Las inequidades son de todo tipo: socioeconómico, cultural, geográficas y políticas, cuyo impacto a la vida digna y salud ya no solo afecta a los grupos más vulnerables, pues la clase media también se ve golpeada día a día.
La inflación, la pérdida del poder adquisitivo, la disponibilidad irregular y la escasez de alimentos de la cesta básica son elementos determinantes de la inseguridad alimentaria, que emerge como una evidencia adicional de la ineficacia del gobierno.
Comer en Venezuela se ha convertido en una tragedia. El gobierno, en vez de proporcionarnos los alimentos para vivir dignamente y hacer efectivo el derecho a la alimentación, nos tiene comiendo cuentos.
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