Alertan que inamovilidad aumenta ausentismo en el sector privado
Su aplicación ininterrumpida desde 2006 no ha impedido la precarización del empleo con bajos salarios en el sector formal, además de que el decreto no beneficia a 5 millones de desempleados y trabajadores informales, señalaron expertos.
El Nacional ANA DÍAZ ELEONORA DELGADO TIBISAY ROMERO
El decreto presidencial 1583 que prorroga un año más (hasta el 31 de diciembre del presente año) la inamovilidad laboral aumentará el ausentismo en las empresas del sector privado, advirtió ayer Daniel Aguilar, presidente de la Federación de las Cámaras Empresariales e Industriales del estado Táchira.
Indicó que la medida le hace un daño a la estabilidad porque aumenta el ausentismo y baja la productividad al impulsar la mala calidad en el talento humano. “No se le permite al empresario incentivar al buen trabajador por sobre el mal trabajador lo que en resumidas cuentas se transforma en un problema cultural que está convirtiendo a nuestra gente al facilismo y la flojera. El mal trabajador dice: no trabajo, igual me pagan y no me pueden despedir”, dijo Aguilar.
Damiano del Vescobo, presidente de Fedecámaras-Carabobo, indicó que el decreto de inamovilidad laboral anunciado por el presidente Nicolás Maduro, no resuelve el problema del empleo en el país y “sigue siendo una retórica populista que no va a favorecer la creación de nuevos empleo, lo cual es lo que realmente se necesita cuando hay más de 5 millones de personas desempleadas y en la informalidad”, insistió.
Precarización del empleo.
Vescovo destacó que los niveles de inflación del país no permiten que el poder adquisitivo del trabajador le suministre progreso y bienestar porque el ingreso, a duras penas, alcanza para subsistir. “Con el decreto pareciera que en verdad no existe una voluntad de rectificación del gobierno en las políticas económicas necesarias para incentivar la producción interna, el llamado a la inversión y la creación de empleo decente como lo define la Organización Internacional del Trabajo”, señaló.
Agregó que la inamovilidad laboral aumenta la incertidumbre en el sector empresarial que espera del gobierno la aplicación de las medidas económicas necesarias para la reactivación del aparato productivo, que en el caso de la zona industrial en Carabobo las empresas operan a 48% de su capacidad instalada.
Anabella Abadi, economista analista de entorno de ODH Grupo Consultor, explicó que la inamovilidad laboral se justifica en casos muy puntuales que requieren proteger al trabajo, pero en Venezuela se aplica ininterrumpidamente desde 2006 porque el gobierno la ha convertido en una acción política y populista que no ha expandido el empleo productivo y ha precarizado el trabajo porque más de 40% de la población económicamente activa está en los medios informales.
A su juicio, el decreto castiga al sector privado e impide a las empresas incrementar sus nóminas al no tener seguridad de que los nuevos ingresos de personal cumplan eficientemente sus obligaciones en el puesto de labor.
Octavio Campos, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, informó que en el sector construcción la inamovilidad laboral no es respetada y “los patronos despiden a su antojo y sin darles liquidación a los trabajadores”. Refirió que los empleadores no solicitan en las inspectorías del trabajo la calificación correspondiente.
El sindicalista informó que en 2014 fueron despedidos injustificadamente 90% de los trabajadores de la nómina activa, fundamentalmente de los programas de construcción pública como la Misión Vivienda. “La inamovilidad laboral es una farsa, una medida demagógica que no se ha reflejado en más empleos en la construcción estancada porque el gobierno ha ocasionado una profunda recesión con una política económica nefasta”, insistió.
Campos recordó que cuando la economía ha crecido en Venezuela la construcción ocupa entre 1,3 millones y 1,5 millones trabajadores;sin embargo, actualmente no llegan a 400.000.
Aguilar señaló que deben tomarse en cuenta factores que incentiven la productividad y no que la desalienten. “Si deseamos salir de la crisis tenemos que producir más y mucho más, no pensando en guerras inexistentes o reactivando conucos. La reactivación de un país es un compromiso de todos y el gobierno debe ser el primer promotor comenzando con eliminar tanta burocracia y tantos controles”, señaló el representante de Fedecámaras-Táchira.
Decreto redundante
El decreto presidencial que implanta la inamovilidad laboral entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2015 es redundante porque la Ley Orgánica del Trabajo, vigente desde el 7 de mayo de 2012, establece de forma muy clara la estabilidad en el trabajo y prohíbe los despidos, informó Pablo Castro, dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo el Salario y el Sindicato.
“La inamovilidad es un “retornello” del gobierno en su discurso demagogo que trata de ocultar a los trabajadores el fracaso de su política económica”, denunció el también directivo de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Bebida. Recalcó que la estabilidad en el trabajo la garantiza una economía sana y en crecimiento con empleos estables, bien remunerados y la protección de la seguridad social, pero en Venezuela el aparato productivo está contraído.
Castro señaló que mientras el gobierno aplica con severidad el decreto a las empresas privadas, se hace la vista gorda en los despidos de los trabajadores del sector público cuyos reclamos de reenganche y pago de sueldos caídos desatiende el Ministerio del Trabajo.
El dato
El decreto de inamovilidad laboral y la prohibición de los despidos de trabajadores establecida en la Ley Orgánica del Trabajo llevaron a 30% el índice de ausentismo laboral durante 2014 lo cual impactó negativamente la productividad de muchas empresas, según cifras aportadas por las cámaras regionales de producción y comercio de Fedecámaras.
Las Cifras
200.000 empleados públicos fueron despedidos en 2014, según sindicatos
4 millones de trabajadores informales hay en Venezuela, según el INE.
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