Reforma a Ley de Tierras buscará apoyar producción nacional

Yasmin Ojeda   La Verdad

El sector agropecuario tiene expectativas con la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Surgen esperanzas de recuperar la producción a través de la reforma de la Ley de Tierras, que desde 2001 afincó planes “poco positivos” para el campo. 

Jesús Iragorri, expresidente de Fegalago, apuesta por modificaciones que sean “positivas, de incentivo y estimulo para la inversión”. 

Se aparta de la política y pide revisar desde las causas que traban la actividad. 

“La ley tiene que ser positiva para la producción, para apoyar al productor, para ir estimulando. 

Pero esa ley es regresiva, negativa, prácticamente los artículos te dicen que si no lo hacen, te castigan. Te quitan lo que tienes sin ver qué pasa”.

Desde Fedeagro también suenan voces de reflexión sobre los contenidos a legislar en la Ley de Tierras. Antonio Pestana, presidente, invoca la revisión y promover el trabajo en fincas, atendiendo la realidad de quienes “no son latifundistas” y quienes tienen “cinco hectáreas y no las siembre”. Asoma además cambios en la Ley de Semillas.

Antecedes

La normativa nació de los ideales socialistas que encabezó el proyecto político de Hugo Chávez Frías, y que desató conflictos en el campo. 

El decreto se aseguró para “profundizar y dar operatividad concreta a los valores constitucionales de desarrollo social a través del sector agrario. 

Para ellos se procura la justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de las tierras y desarrollo de toda la actividad”. 

El sector ganadero se apuró en febrero de 2002 apelar en el Tribunal Supremo de Justicia por considerar “inconstitucional” los artículos 25, 40, 43, 82, 84, 89 y 90 de la ley, logrando “parcialmente con lugar el recursos de nulidad ejercido por razones de inconstitucionalidad” de los artículos 89 y 90 que contenían disposiciones sobre la tenencia y ocupación de las tierras.

Pero el Gobierno resolvió actuar mediante otra fórmula. Aplicando la Ley Habilitante continuó profundizando las políticas. Varias reformas sucedieron con miras a atacar el latifundio en sintonía con la asunción de una propiedad social, colectiva. 

En la última modificación eliminó la tercerización de las tierras y el Estado se reservó asumir las actividades de producción primaria, industrial, distribución y comercialización. 

El sector agropecuario tras las intervenciones y expropiaciones de fincas productivas y calificadas por el Inti de “ociosas” rechazó la política oficial. 

Acusó violación del artículo 115 de la Constitución que “garantiza el decreto de propiedad. 

Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. 

La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o interés general”.