Responzabilizan al Inti de invasiones a fincas de Perijá

Dueño de La Esperanza asegura que la ocupación de predios es un "problema político" competencia de las instituciones. Acusan presencia de "hombres armados" en las adyacencias de la hacienda afectada el martes por conflicto entre comunidades indígenas. 

Yasmin Ojeda   La Verdad

Las ocupaciones ilegales de predios en Perijá, luego de años de la demarcación de tierras y definirse los territorios de las comunidades indígenas, repercute en la producción de carne y leche, y afecta la propiedad y productividad reconocida por el Inti.

El conflicto interno de los poblados de Aroy y Sirapta, por el reclamo de más terrenos, apuntó a “tomar posición de fincas” fuera de la titularidad de tierras colectivas, aprobadas por la Comisión Nacional de Demarcación. 

La última irregularidad, con el robo de animales y bienes, en la hacienda La Esperanza alborota los reclamos de los productores que exigen al Inti respuesta por las “invasiones de oficio” en Perijá.

La Verdad intentó sin éxito, contactar al representante de la Oficia Regional de Tierras Zulia. Fuentes del Inti adelantaron que el fin de semana, Juan Gómez, presidente del Instituto Nacional de Tierras, visitó el Sur del Lago. 

Se prevé su presencia en las próximas horas, aunque su despacho no lo ha confirmado. 

Ayer en la mañana la Coordinación de Tierras desconocía los eventos en Machiques.

José Roviro Vera Morales, propietario de La Esperanza, informó que persiste la presencia de un reducido grupo de yucpas, a pesar de la toma militar de la finca en resguardo de los bienes y reses, luego de que mataran reses preñadas y cargaran con enseres y equipos y talaran cinco árboles frondosos para obtener madera. 

Clamó respuesta del Inti por la ocupación ilegal. “Esto es un problema político que alguien, un funcionario del Estado, debe resolver. No han venido y debería estar aquí, resolviendo esta situación a la gente y a mí”, criticó Vera Morales. “Esta finca fue afectada por la demarcación. Fueron ellos los encargados de la planificación de la demarcación, por donde iba a pasar según la ley y las acciones técnicas. El Inti jugó un papel importante”.

Jorge Núñez, presidente de Gadema, alertó que el martes en la tarde el personal se avistó “hombres armados” en las cúspides de los árboles más frondosos. 

Vera Morales precisó que los sabaneros le notificaron la presencia y de inmediato, el comandante al frente del batallón que custodia el predio, movilizó a los uniformados. Se inició un rastreo.

"Los militares tienen que poner orden, porque ni mí personal ni yo estamos armados. Está prohibido el porte de armas. 

Ellos (lo ocupantes) no pueden tener armas”, criticó el productor, que insiste en una decisión gubernamental para restablecer la seguridad en los sectores productivos, vecinos de los territorios demarcados indígenas.

Desapareció El Capitán

Diego García, dueño de la hacienda El Capitán, afectada por “un grupo pequeño de invasores de oficio”, destacó que, además de La Esperanza, Cendero y Manantial, desde el 18 de enero de 2016 la finca perdió toda la producción de cinco mil litros de leche diarios en 13 vaqueras. 

Explicó que en octubre de 2011 por decisiones “erradas, populistas de repartir 26 fincas” de Perijá en la demarcación se inició la “destrucción” de la producción de 35 mil litros de leche anuales, cuatro mil novillos, 500 empleos y dos mil indirectos. 

Tras el anuncio oficial la presencia militar se afincó en la hacienda. Acción que de nada sirvió para contener invasiones “ilegales” en septiembre de 2013 cuando “ladrones” trancaron portones e impidieron el arrime de leche a la planta socialista. 

Por casi cuatro meses “se obligó a botar la leche. Se pudrió porque no podía salir”. Y los “invasores” permanecen en cinco vaqueras.

Relató que pese a una sentencia del Tribunal Agrario, a una protección agroalimentaria, “nadie acató” disposiciones legales para resguardar la producción y la propiedad. “Todos los días se afectó la producción. 

Se robaron 170 vacas preñadas escoteras y 80 críos”. Fue lo último que terminó con la tradición de 96 años de actividad agropecuaria modelo de razas genéticas y trasplantes de embriones.