El Gobierno controla 283 empresas en el sector de alimentos

El gigantesco consorcio abarca compañías de aceites, lácteos, cárnicos, harina de maíz, frutas, silos, empaquetadoras, pesca, arroz, avícola, alimentos para animales, centros de acopio, transporte y redes de distribución

Víctor Salmeron   Quinto Día

El 26 de junio de 2015, el entonces ministro de Alimentación, Carlos Osorio, publicó en la Gaceta Oficial 40.690 una resolución en la que agrupó en 14 conglomerados a la larga lista de empresas que se desenvuelven en el sector de alimentos y donde el Estado tiene algún tipo de control.

Los conglomerados dejan en claro que la mano visible del Estado ha creado un gigantesco consorcio que hoy debería estar abarrotando los abastos y supermercados con una gran variedad de productos. 

No obstante, el resultado es una creciente escasez que obliga a los venezolanos a realizar largas colas a las puertas de los comercios.

El conglomerado de aceites y grasas cuenta con 9 empresas; el de arroz 17; el cárnico 29; el avícola 8; el de pesca 38; el de lácteos y frutas 45; el de harina de maíz 15 y el de alimentos balanceados para animales 6. 

Además, en el área de silos existen 43 empresas; en el de transporte 6; en acopio y frío 36; empaquetadoras y empaques 16. Redes de distribución formadas por Pdval, Mercal, Bases de Misiones, una comercializadora y Fundaproal. 

Finalmente, existen 10 compañías en el conglomerado mixto.

En total, se trata de 283 empresas en el sector de alimentos que hasta ahora no han cumplido con el objetivo de impulsar la “producción del sistema socialista” y convertir al Estado en un eficiente proveedor de alimentos.

Las causas por las que el Gobierno ha fracasado como empresario son conocidas: Las empresas públicas no pueden mantenerse sanas cuando la lealtad política es la principal condición al momento de seleccionar a los gerentes, una total opacidad que permite que no se conozca la condición financiera de las compañías, crecimiento desproporcionado del número de trabajadores y precios controlados que no reportan rentabilidad.

Otro elemento a tomar en cuenta es lo que analistas denominan restricción presupuestaria débil, es decir, como el Estado cubre las pérdidas por el ingreso que obtiene a través del cobro de impuestos y la renta petrolera, hay pocos incentivos para reducir costos, colocar precios que permitan rentabilidad y no aumentar velozmente el número de trabajadores.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que al cierre de diciembre de 2014, un total de 2 millones 709 mil personas laboraban para el sector público, dato que se traduce en un salto de 1 millón 021 mil empleados respecto a la nómina de diciembre de 2004.

La consecuencia es que durante los últimos diez años, al calor del boom petrolero, el número de trabajadores públicos aumentó 60% y en promedio, cada día ingresaron 280 nuevos empleados a la nómina que debe atender el Gobierno.

En marzo de 2014, Jorge Giordani, en ese entonces ministro de Planificación, le entregó a Nicolás Maduro un documento donde alertó de que “la recaudación del Seniat es insuficiente para el pago de la burocracia. 

De continuar la tendencia de la tasa de crecimiento de las remuneraciones de los empleados públicos del año 2012 al 2013 al pasar de 78,9% a 130,4%, la recaudación del Seniat sería insuficiente para el pago de la burocracia estadal”.

En el documento citado, Jorge Giordani afirmó: “No existe suficiente contraloría para los recursos que insumen las empresas públicas, los numerosos programas de los ministerios y otros organismos públicos, y la demanda de importaciones públicas, entre otros gastos, con lo que estos han crecido sin suficiente control y en muchos casos sin los resultados que se prometieron”.

¿Es posible privatizar?

Ante los evidentes problemas de producción de las empresas públicas podría plantearse la posibilidad de vender algunas al sector privado. ¿Pero existen condiciones para que Venezuela capte inversión extranjera o nacional para este fin?

El informe que elabora el Organismo de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) sobre la inversión extranjera en el mundo, desnuda que Venezuela recibe una migaja del dinero que las transnacionales europeas, asiáticas o estadounidenses inyectan en Sudamérica, para ampliar las plantas que ya poseen o iniciar nuevos proyectos.

En 2014 la inversión extranjera en Sudamérica registró un total de 120 mil 708 millones de dólares y a Venezuela sólo ingresaron 320 millones, es decir, el 0,2%. 

Esta es una cifra enana respecto a los 22 mil 900 millones recibidos por Chile, los 16 mil millones captados por Colombia e incluso los 7 mil 600 millones absorbidos por Perú.

La inversión extranjera es una herramienta vital para captar tecnología, crear puestos de trabajo y disminuir la enorme dependencia que tiene el país en el ingreso proveniente de las exportaciones petroleras. 

Gerentes de empresas trasnacionales explican que Venezuela está fuera del radar de la inversión, porque las condiciones para realizar negocios son bastante adversas y mencionan, en primer término, al control de cambio.

Como no hay libertad para comprar dólares, las empresas extranjeras que traen divisas a Venezuela no tienen una vía legal para recuperarlas y enviar dividendos a sus casas matrices en el exterior. 

Ante la imposibilidad de adquirir divisas, un número importante de compañías han invertido parte de los bolívares que tienen en caja en el sector inmobiliario, a fin de resguardarlos de la inflación.

Otro factor a tomar en cuenta son los controles de precios, que en algunos casos se traducen en pérdidas, porque impiden cubrir los costos de producción y la incertidumbre sobre los derechos de propiedad, tras la ola de expropiaciones que el Gobierno llevó a cabo.

Sin incentivos

La posibilidad de que empresas venezolanas se decidan a adquirir parte de las plantas que controla el Gobierno en el área de alimentos también luce muy complicada. 

La semana pasada la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), organismo que agrupa a 170 empresas privadas, explicó que por la falta de dólares para importar materia prima, controles de precios que se traducen en pérdidas, ausencia de una estrategia por parte del Gobierno para atender la deuda que tiene el Estado con proveedores en el exterior y disminución de la productividad laboral, la situación en el sector es muy comprometida.

Cavidea precisó que existen diez rubros y un tipo de empaque cuya producción está suspendida o en grados muy importantes de paralización: Atún, gelatinas, salsa de tomate, bebidas en polvo, flan en polvo, avena, mortadela, carne para almuerzo, quesos untables y los envases de larga duración conocidos como TetraPack.