Economía y Comida

La dotación de insumos y equipamiento demandarían no menos de US$ 5.000 millones.

PEDRO E. PIÑATE B. |  EL UNIVERSAL

De las grandes dificultades que seguiremos los venezolanos confrontando en 2016, las de economía y comida reflejadas en la escasez y desabastecimiento de alimentos y bienes básicos están íntimamente relacionadas. 

Su solución requiere la determinación nacional, ingrediente indispensable que llama a la suma de voluntades. 

Solo así podrá lograrse que las políticas económica y agrícola fracasadas puedan cambiarse antes que el daño económico y social sea mayor. 

También para que el Estado omnipotente se desmonte, deslastre y configure a la justa medida de las nuevas realidades, hasta ocuparse solo de lo que corresponde. 

Esto mientras se libera al sector privado a fin de que pueda cumplir su rol productivo sin más controles.

La economía nacional exige ajustes que no deben esperar más por ser insostenible como está. 

Sobre si colapsará en 2016, escribió en El Universal del 20 de diciembre, Guillermo García N.: "al 17 de diciembre el BCV registró un monto de las reservas internacionales en 14,58 mil millones de dólares, su nivel más bajo desde mayo de 2003. (...) "La parte de reservas líquidas o reservas operativas estarían en el orden de los dos mil millones de dólares". (...) 

"Para el año 2016 los pagos de deuda representados en bonos de la República y Pdvsa ascienden entre capital e intereses a $10.493 millones". 

Con este difícil panorama de obvia limitación de divisas disponibles líquidas, el presidente del Banco Central, el de Cencoex, los ministros de Agricultura, de Alimentación, de Economía y Finanzas, etc., deben dar cuenta pública del estado de la economía y del situacional de las reservas de comida y de divisas para su adquisición y producción. 

Resolver el problema de la comida y asegurar la dotación de insumos y equipamiento para la producción nacional, demandarían inicialmente no menos de US$ 5.000 millones cuyo financiamiento hay que procurar con tiempo. 

Para ello lucen convenientes una Ley de Reabastecimiento Alimentario y otra de Emergencia Agrícola que además del plan productivo 2016, ordene el cese del terror agrario con intervención del Instituto Nacional de Tierras hasta derogarse la Ley de Tierras. 

Todo esto bajo la premisa cierta, de que el respeto a la propiedad privada es indispensable para la inversión.