En Zulia reinan pactos silentes con la guerrilla

El “comandante Salvador” cruzó puntual el pórtico de la casa principal de la finca aquella tarde de agosto de 2013.

Lucía su uniforme verde oliva de gala y, amarrada a su brazo derecho, portaba una bandana tricolor sin estrellas. Su barba, acicalada. Sus botas plásticas de campaña, llenas de barro seco.

Un fusil AK de largo alcance le cruzaba el pecho. Sus acompañantes, también armados y ataviados con motivo militar, le escoltaban a 50 metros de distancia, entre el pasto de aquellas tierras de Machiques, al pie de monte de la Sierra de Perijá.

Acudieron con traje de batalla a una cita previamente acordada por teléfono.

El líder insurgente sonrió y extendió la mano para saludar con cortesía a Nolberto, el tercer dueño generacional de la hacienda, quien le aguardaba bajo el dintel de la puerta.

—“Muy buenas tardes, camarada. Gracias por atendernos”, le espetó con la civilidad propia de un diplomático de mil guerras.

Sus palabras bailaban con la melodía de un acento colombiano.

Nolberto le recibió con educación, pero en su fuero interno ardía de rabia.

Por primera vez en décadas, su familia se vio forzada a atender las demandas de un grupo de guerrilleros dentro de sus 200 y tantas hectáreas de tierras productivas.

No pudo dilatar más las insistentes llamadas de los emisarios.

No supo ya cómo evitar las presiones de un frente de las FARC que le hacía llegar mensajes a través de terceros para rogarle un aporte a la supervivencia de sus miembros.

El ganadero, nacido en Maracaibo, le tenía tirria a todo lo que oliera a insurgencia.

Años atrás un grupo guerrillero se alió con el hampa común para secuestrar en Maracaibo a su padre, quien por 60 días estuvo cautivo entre caseríos perijaneros hasta que un pago millonario le devolvió la libertad.

Si hubiese tenido opción, jamás un irregular hubiese puesto un pie en sus aposentos.

Sus vecinos le habían recomendado ceder a la “invitación” antes de padecer robos y plagios.

Ambos, hacendado y guerrillero, se sentaron a conversar.

La plática duró apenas minutos. El “comandante” no habló de las elecciones recién ganadas por Nicolás Maduro o de la ofensiva imparable de Miguel Cabrera en las Mayores.

Tampoco le interesaba el escándalo aún fresco del ex analista de la CIA, Edward Snowden, ni la inflación de 50% en el dólar paralelo en Venezuela.

Fue al grano, siempre en buena lid, sin amenazas veladas: él y sus combatientes necesitaban de una “colaboración” mensual de combustible y dinero en efectivo para sus combatientes. ¿El pago? Seguridad, tranquilidad.

—“Acá no le va a pasar nada. Nadie se va a meter ni con usted, ni con los suyos o su propiedad. Para eso estamos”.

Nolberto negoció, sagaz, hasta reducir la cuota. Al final, accedió a pagar una mensualidad módica de bienes.

El encuentro culminó con otro estrechón de manos antes de que “el comandante Salvador” y sus espartanos colombianos se perdieran en los caminos selváticos de Machiques.

En solo 10 minutos, el ganadero se sumó a las decenas de productores de la zona que han fraguado acuerdos con la guerrilla.

Hoy lo revela a la prensa con la única condición de que se protejan sus nombres verdaderos.

Durmió con el enemigo durante dos años antes de vender su hacienda a regañadientes a otro productor.

Anomalía clandestina

Jesús Iragorry, productor del Sur del Lago y presidente de la Federación de ganaderos de esa zona (Fegalago) entre 2008 y 2011, certifica la presencia guerrillera no solo en Machiques, sino en todos los municipios que comparten frontera con Colombia.

“Esa presencia es evidente desde La Guajira hasta los márgenes con el estado Táchira, por Catatumbo. Esto no es nuevo, solo que desde 1999 se ha agravado.

Esta existencia ha presentado múltiples problemas de seguridad a las unidades de producción de la frontera, que principalmente son ncas y haciendas”.

Como líder gremial, ha escuchado decenas de testimonios como el de Nolberto.

“Uniformados de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional andan de forma abierta por todas las zonas. Hace algunos años solo estaban en los márgenes de la carretera Machiques-Colón, pero ahora no.

Ellos extorsionan hasta por las buenas, pero detrás de sus palabras hay secuestros, robo de ganado, asesinatos, torturas, extorsiones”.

Los ganaderos de tierras productivas, como Machiques, Rosario de Perijá, Colón, Catatumbo, Jesús María Semprún y La Concepción, cuentan que en ocasiones se topan más a menudo con guerrilleros que con militares venezolanos.

A los productores les aterra declarar. Ha ocurrido que alguno se envalentona para acusar su presencia y actuación en tierras venezolanas ante instancias oficiales, para luego recibir una llamada casi inmediata con un vocero que en tono amenazante les advierte la hora y el lugar donde presentaron sus reclamos en contra de los guerrilleros.

Iragorry atribuye la inmunidad de los combatientes colombianos a decisiones de Estado, provenientes de Caracas.

La frecuencia de los secuestros ha ido en picada en Zulia desde 2010: ese año hubo 73 plagios; en 2011, 32; en 2012 se registraron 23; en 2013 hubo 13; en 2014 solo se conoció de tres secuestros; en 2015 apenas se supo de un caso, según reportes de los despachos militares de la región y la Secretaría de Seguridad y Orden Público.

Los agremiados, como Iragorry, admiten la normalización de la relación ganaderos-guerrilleros. Reconocen que esos pactos son la génesis de la extinción de los secuestros.

“Los ganaderos han tenido la necesidad de ponerse de acuerdo con la guerrilla. Hay quienes dicen que les va mejor en cuanto a seguridad que con la Fuerza Armada”, lamenta Iragorry. Es una anomalía en la clandestinidad.

Reinado de insurrectos

Entre 2008 y 2012 hubo una efervescencia de denuncias o ciales contra la presencia de la guerrilla colombiana en Zulia.

Eran los tiempos en que el opositor Pablo Pérez gobernaba el Palacio de los Cóndores y los detractores de Hugo Chávez controlaban la mayoría absoluta del Consejo Legislativo.

En esa instancia parlamentaria resaltó un vocero que clamaba con verbo estridente contra Miraflores por el flagelo insurgente.

Eliseo Fermín, presidente del CLEZ y dirigente de Un Nuevo Tiempo, acumuló decenas de denuncias de ganaderos y civiles de los municipios fronterizos en una investigación que elevó con éxito al pleno legislativo.

En estas horas, cuando el Psuv domina el parlamentarismo local, sus reclamos se confinan a intervenciones en los pocos espacios independientes de televisión y prensa escrita que perduran.

“La guerrilla permanece en el estado Zulia, incluso en condiciones superiores a la época de 2008-2012”, jura Fermín, formado en las bases adecas durante su juventud.

En aquellos tiempos las denuncias eran tan estridentes que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez incluso las elevó al Consejo Permanente de la OEA.

Allí su embajador, Luis Alfonso Hoyos, acusó a la administración Chávez de dar asilo a la guerrilla en especie de santuarios.

Hubo tal tensión entre ambos despachos que se rozó, al menos con el verbo, la posibilidad de una guerra binacional.

El proceso de paz iniciado en Colombia con el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos alivió las tensiones internas, pero estados venezolanos como Zulia no han gozado de efecto diplomático alguno para frenar la acción guerrillera.

El legislador de la MUD atribuye el agravamiento de la situación en la región a la delimitación de zonas indígenas que el Gobierno nacional inició en 2011.

Ese año, el Ejecutivo se jactó de la recuperación de 300.000 hectáreas para los pueblos barí, añú, motilón y yukpa. La mayoría de esas tierras eran privadas y productivas

“Se concretó un corredor para la guerrilla en Machiques, Jesús María Semprún y Rosario de Perijá.

Con la delimitación indígena bajaron a los ganaderos de la Sierra y dejaron una zona exclusiva con la excusa de que era para los indígenas. En esa zona no hay ley”.

Los indígenas de la Sierra han negado frecuentemente que compartan su mesa ideológica con la guerrilla.

Lo dejaron en claro, por ejemplo, en un acta firmada en 2008 por los 25 caciques de las comunidades yukpas de la cuenca del río Tukuko.

En esa misiva negaron que hayan entregado sus insumos y tierras a la guerrilla de las FARC.

Fermín, no obstante el desmentido del Gobierno y los aborígenes, califica de “libertinaje” lo que ocurre en las zonas perijaneras, Páez (Guajira), Mara, Colón, Francisco Javier Pulgar, La Concepción y La Cañada.

El zuliano, así, sufre en los suburbios el efecto del modus operandi guerrillero sin la necesidad de que se le pare enfrente un comandante con botas y fusil. Insurrección inoculada a control remoto.

Pacto entre trasnochos

No habrá autoridad militar o gubernamental que convenza a Alfonso “Toto” Márquez, alcalde de Machiques, de que es un mito la presencia guerrillera en Venezuela.

Él mismo ha debido atender a emisarios del ELN y las FARC en lugares neutrales.

En alguna oportunidad alguno de ellos llega a su despacho como si se tratase de un ciudadano común. “Eso se ha hecho bastante cotidiano”, acota.

Rebeldes de las FARC secuestraron a su hermano en 1998.

En estos años le ha tocado atenderlos con peor recelo. Una de las últimas veces que se vio con ellos fue en diciembre del año pasado.

A una facción del ELN, con influencia en sectores perijaneros con decenas de centros electorales, le exigió que no se inmiscuyeran en el proceso parlamentario. Le dieron su palabra que no lo harían.

Antes existían de manera clandestina, pero ahora hay un pacto. Ellos andan uniformados por todo esto.

Los ves, todo el mundo los ve, menos el Ejército. ¿Cómo un país que dice ser democrático ofrece su tierra como asilo a quienes aún delinquen?

Ha habido el compromiso de que no se secuestre en el país”, se contesta a sí mismo el dirigente municipal.

Su experiencia con los grupos guerrilleros le ha permitido hallar diferencias entre ellos: las FARC se distinguen del ELN porque se comportan como incondicionales a los lineamientos de sus representantes en la mesa de negociación en La Habana, Cuba.

Los otros, no obstante, se han tornado más violentos para demostrar al gobierno de Juan Manuel Santos su poder e influencia antes de negociar.

Considera que es un error histórico pactar con grupos insurgentes.

Los ve como abogados del diablo, que roban y prometen seguridad en cuotas iguales.

El alcalde extendió la denuncia a la jefatura militar de la zona número 4, creada en el decreto del cierre fronterizo en septiembre pasado. La respuesta fue ineficaz.

Hace votos porque la guerrilla abandone Venezuela.

Sostiene que un país no puede albergar a grupos irregulares, menos cuando son heredados.

Esas licencias, a su parecer, han creado distorsiones.

“Hay zonas donde el Ejército no puede entrar porque los indígenas se los prohíben”.

El insurgente colombiano deambula así por monte y asfalto en Zulia.

Su influencia se vigoriza. Ha penetrado por igual comunidades de indígenas y ‘alijunas’.

Testimonios de locales dan cuenta de su control sobre zonas de El Laberinto o Tukuko, con un poder que no haya límites en diplomáticos de La Habana, Bogotá o Caracas.

Hoy, a diferencia de 1998, se siente inmune al llamar a puertas de fincas ajenas.

Estrecha manos a su antojo, con libertad, para cerrar pactos nacidos del temor y de trasnochos ideológicos.