El viernes 20 de mayo, 661 familias de la parroquia El Paraíso tuvieron su día de suerte.
Por primera vez en meses experimentaron algo similar a lo que hace unos años era normal en Venezuela y sigue siéndolo alrededor del mundo: tuvieron acceso a alimentos básicos sin sobreprecio y haciendo una cola de solo unos pocos minutos.
“No conseguía ni leche ni azúcar.
Llegar con esto a la casa es como tener oro”, afirmó Gregoria Ojeda, una joven madre del barrio La Morán, tras salir del Pdval de esa comunidad con una bolsa de productos.
Ojeda es epiléptica y recientemente pasó una semana hospitalizada porque no encuentra la medicina que le evita las convulsiones.
Pero ese y otros problemas los olvidó en el instante en que tuvo la posibilidad de comprar por 1.800 bolívares 2 kilos de arroz, otro de azúcar, mantequilla, harina de maíz, un litro de aceite y otro de leche, salsa de tomate, leche condensada y chicha.
Si en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, en la Venezuela de la escasez la felicidad puede depender de una bolsa de comida.
“Hace poco más de una semana el CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) hizo el censo en nuestra comunidad y hoy estamos comprando toda esta bolsa por lo que habría costado un paquete de harina bachaqueado”, contó Ojeda.
Pero el hallazgo es efímero.
En El Paraíso los CLAP comenzaron a repartir alimentos el martes 17 de mayo y el Pdval de La Morán es el único centro de distribución disponible hasta ahora.
Líderes de la zona indicaron que se venden bolsas de comida a 2 consejos comunales por día y en toda la parroquia hay 32, por lo que en principio cada miembro recibirá aproximadamente una bolsa por mes, pues el establecimiento cierra los domingos y lunes.
“Los dos kilos de arroz me dan como para cuatro días, pero al menos se agradece eso.
Nos han dicho que el objetivo es que se reparta una bolsa por semana”, indicó Ojeda.
El beneficio tampoco llega a todo el mundo.
De acuerdo con sus voceros, los consejos comunales de El Paraíso abarcan entre 211 y 500 familias, por lo que los 32 deben atender a cerca de 11.600 grupos familiares.
Si se toma en cuenta que, según el INE, en cada vivienda viven 3,9 personas, los CLAP proveerán productos a más de 45.000.
Eso deja por fuera a casi 60% de los habitantes de la parroquia, en la que viven 109.622 personas según el último censo.
Las zonas históricamente chavistas son las privilegiadas.
Discriminación
“Por aquí hoy estuvo un chico de Vista Alegre preguntando cómo podía comprar una bolsa.
No le pudimos dar porque este no es su consejo comunal, pero le enseñamos cómo pueden construir uno para luego formar su CLAP.
La organización es clave en todo este proceso”, contó Luz Carolina Poveda, vocera de uno de los consejos comunales que el 20 de mayo recibieron productos.
El nuevo mecanismo de distribución obliga a los venezolanos a insertarse en las estructuras organizativas creadas por el chavismo para poder tener acceso a los alimentos.
Los CLAP se eligen en asambleas hechas entre los miembros de los consejos comunales, las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), Unamujer y el Frente Francisco de Miranda, todas organizaciones politizadas en mayor o menor medida.
“Desde la teoría no está planteada la discriminación.
Esas reuniones son abiertas, pero cuando se hacen las convocatorias los opositores no van.
Ellos mismos se autoexcluyen porque la polarización política es muy fuerte”, aseguró Rubén Mendoza, miembro de los Círculos Bolivarianos Originarios en la parroquia El Valle, donde los CLAP también han comenzado a repartir comida.
Todos los dirigentes chavistas interrogados para este trabajo aseguraron que no existe un lineamiento central del partido que pida la discriminación en la distribución de bolsas de comida.
A la vez, defendieron la participación de instancias afines al oficialismo por su importancia como herramientas de “participación popular”.
Sin embargo, este tipo de repartición otorga mucha discrecionalidad a los voceros de cada CLAP, que terminan teniendo potestad para decidir sobre el bocado de la gente.
Son los responsables del CLAP los encargados de censar a los habitantes de su sector y el día de la entrega de bolsas chequean en listas quién está autorizado para llevarse los productos.
También ponen las reglas para definir los horarios y métodos de entrega, así como cuánto le toca a cada grupo.
“Si llega comida para todos, muy bien.
Pero si hay que priorizar, se prioriza.
Esa es mi opinión muy personal.
No voy a dejar de darle a un revolucionario para entregarle a alguien que luego va a estar hablando pestes del gobierno”, advirtió Haydee Toro, jefa de una UBCH en Fila de Mariches, estado Miranda, que fue electa para el CLAP de su comunidad.
En ese sector empezaron a hacer los censos y hasta la semana pasada no se había materializado la entrega de alimentos.
Como no existen reglas generales y comunes para los más de 9.000 CLAP que se han constituido, según el gobierno, en cada uno aplican ciertas normas que terminan discriminando a algunos grupos.
Por ejemplo, en la parroquia El Paraíso quedaron fuera de la repartición los hombres que viven solos, informó Poveda, mientras que en Mérida se entregaron más productos a las familias con niños pequeños o adultos mayores, indicó Carlos Castillo, un dirigente social de la zona de Bailadores.
Freddy Bernal fue nombrado recientemente jefe del centro de control y mando de los CLAP.
Cuando se le contactó para conocer si se empezarán a aplicar criterios más uniformes en todos los comités, el dirigente del PSUV informó que por lo momentos no está dando entrevistas sobre el tema.
Uso político
Pero no toda la discriminación registrada hasta ahora es personal.
También se han denunciado casos de exclusión de sectores enteros debido a su supuesta situación económica.
Luis Ramírez, dirigente comunal de La Pastora, aseguró que más de cinco CLAP que se organizaron en el casco histórico de esa comunidad hicieron los censos correspondientes pero no han recibido comida para repartir.
“Nos llegaron a decir que la gente del casco histórico somos de clase media y mantuanos, por lo que no merecemos alimentación”, contó Ramírez.
La situación ha sido distinta con consejos comunales de otros sectores de la misma parroquia, como El Polvorín, La Toma y Camino de los Españoles, indicó el vocero.
Todos son lugares más populares y donde el chavismo ha sido fuerte tradicionalmente.
En la parroquia Candelaria ocurre lo mismo.
A un vocero de un consejo comunal de la avenida México, que prefirió declarar en condición de anonimato, le informaron en una reunión que se concentrarían en las zonas populares como Sarría.
Todo esto parece revelar una estrategia: blindar la base de apoyo del gobierno, cuya aprobación está ubicada desde hace meses entre 25% y 30% según distintas encuestas.
Este objetivo es vital para que el oficialismo logre resistir lo que queda de año y evite que el descontento popular presione la realización de un referéndum que podría sacar al chavismo del poder.
“Buscan evitar una pérdida mayor de piso político al garantizar que sean sus seguidores los que obtengan los productos.
El estado de excepción deja la puerta abierta para una distribución segregacionista de los bienes”, advirtió el politólogo John Magdaleno, también director de la firma Polity.
En los lugares donde han llegado las primeras bolsas, estas terminan siendo una esperanza de que la crisis y la escasez son superables.
Pero la alegría puede ser efímera si las entregas no son suficientes para satisfacer las necesidades de la gente.
“Claro que se calma la rabia.
Creo que las cosas pueden mejorar.
Si no se reparte la comida así, se meten las mafias y nada alcanza.
Para la próxima espero que me den pollo y carne”, manifestó Larry Castillo al salir con una bolsa del Pdval de La Morán para él, su esposa y su bebé.
Luego de responder tuvo que firmar y poner su huella en una planilla hecha por los miembros del comité, en la que quedó registrado que recibió alimentos ese día.
La rabia de la que habla Castillo es la misma que ya ha desatado saqueos en abastos de zonas populares, tal como ocurrió el pasado martes en Carapita, una de las zonas más chavistas de Caracas.
Dirigentes de la plana mayor del partido han admitido que sí se concentrarán en determinados lugares, aunque dicen tener motivaciones distintas.
“¿Cuál es nuestra prioridad?
Las personas con mayor índice de pobreza, las personas con discapacidad, los adultos mayores e igualmente los sectores donde hay bases de misiones, que son sectores que no tienen, digamos, muchos servicios públicos”, declaró el 10 de mayo Daniel Aponte, jefe de gobierno del Distrito Capital, a Venevisión.
La repartición discrecional es posible debido a que el PSUV tiene el contacto directo entre las comunidades y el Ministerio de Alimentación para programar la repartición de productos.
“Cada CLAP tiene su coordinador, que sirve de enlace con la gobernación o el ministerio para gestionar las cantidades necesarias.
También hay coordinadores por sectores para conocer las necesidades en todos los lugares”, señaló Isidro Figueroa, jefe de un Círculo de Lucha Popular del PSUV en Maturín, estado Monagas.
En la parroquia La Pastora, Ramírez denunció que la coordinación ha recaído en los miembros de la dirección parroquial del partido, quienes a su vez se comunican con la dirección municipal para que hagan el enlace con el ministerio.
Luego de varias protestas, al consejo comunal de Ramírez le explicó la dirigencia del PSUV que “no ha sido fácil el tema de la alimentación”.
“Así como en la Unión Soviética el lema era ‘Todo el poder para los soviets’, aquí en Venezuela avanzamos hacia ‘Todo el poder para los CLAP’.
Al final corremos el riesgo de parecernos cada vez más al socialismo soviético con las arbitrariedades y contradicciones que terminó teniendo”, advirtió Magdaleno.
El CLAP y la estructura chavista parecen ser los que decidirán dónde se come y dónde no.
Repartir la escasez
Pero el problema de la escasez no es solo de distribución, sino también de producción de alimentos.
Gremios como la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos y Conindustria han afirmado que la crisis no se superará mientras no se aumente la capacidad productiva del país.
Por ahora eso parece difícil, pues el otorgamiento de divisas para la adquisición de materia prima ha caído drásticamente este año.
El vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad, informó a Bloomberg que en 2016 se pretenden reducir las importaciones a 20 millardos de dólares, 46% menos que los 37 millardos de 2015.
De acuerdo con la última encuesta de coyuntura de Conindustria, 70% de las empresas de alimentos ha reducido su producción.
Más de 85% de los agremiados señaló la falta de divisas y proveedores como la principal razón de la caída.
La mayoría considera que la situación empeorará debido a los escasos inventarios.
Ante el escenario gris, el chavismo se plantea dos soluciones: la agricultura urbana y concentrar la mayor cantidad posible de productos en los CLAP.
Durante el mes de mayo, el presidente Nicolás Maduro habló de estos comités cada vez que apareció en televisión.
Asimismo, mencionó la agricultura urbana como un remedio endógeno para mejorar la producción en 41% de las ocasiones que salió en pantalla.
Con respecto a la segunda solución, varios voceros del chavismo, entre ellos el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, han señalado que la red privada de abastos y supermercados tiene que ser integrada al plan de distribución de los CLAP.
“La idea sería que los productos básicos y escasos que les llegan nos los den para que nosotros los repartamos, mientras ellos siguen vendiendo normalmente cualquier otra mercancía.
Hasta ahora se han mostrado receptivos”, indicó Figueroa sobre el caso de Monagas.
En la capital ya se registraron las primeras denuncias de consejos comunales acudiendo a abastos privados para llegar a acuerdos similares.
Ocurrió en la parroquia Candelaria, afirmó Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas.
“El problema es que los habitantes de zonas como la Candelaria y San Bernardino no tendremos cómo comprar productos básicos si los abastos privados se los dan a los CLAP y estos comités no reparten a los vecinos de lugares de clase media”, alertó Rojas.
John Magdaleno considera que el estado de excepción permite presentar a estos comités de abastecimiento como “una amenaza” para las unidades de producción y el sector privado en general. “Podrían terminar siendo organismos que legitiman intervenciones arbitrarias armando expedientes”, advirtió el politólogo.
La contraloría
Otro problema que surge ante el método de distribución de los CLAP es cómo se vigila que el nuevo contralor que tiene la tarea de acabar con las redes de bachaqueros no se convierta en otro proveedor de productos para esas mafias.
Desde hace varios años la Contraloría General de la República ha evaluado el desempeño de otras experiencias de organización popular, como consejos comunales y comunas, y ha encontrado diversas debilidades y delitos en estas estructuras.
Por ejemplo, entre 2009 y 2013, el ente halló irregularidades en la vigilancia de los recursos otorgados a consejos comunales en 92,8% de las inspecciones que hizo a estas instancias del poder popular.
Desde los propios CLAP aspiran a que esa vigilancia no sea necesaria gracias a un fenómeno similar al surgimiento del hombre nuevo por el que clama el socialismo en la teoría.
“Esta es una nueva estructura mucho más filtrada.
Es verdad que han ocurrido cosas con los consejos comunales, pero es porque son muy grandes y las cosas se escapan de las manos.
Estos nuevos voceros se seleccionan en asambleas y la gente los conoce, por lo que existe la garantía de que son revolucionarios comprometidos”, indicó Figueroa.
El nuevo remedio socialista para la crisis ya está en marcha y solo queda por ver si chocará contra la realidad.
Las 661 familias de El Paraíso esperan que días como el 20 de mayo ya no sean de suerte, sino que se conviertan en la norma.
Si eso no ocurre, el hambre guiará sus acciones.
¿Y qué tiene la bolsa?
En el barrio La Morán los CLAP aseguraron a los compradores que no habían podido repartir pollo ni carne la semana pasada porque las importaciones de esos productos desde Brasil se habían complicado luego del impeachment a Dilma Rousseff.
Esas y otras proteínas brillan por su ausencia en la mayoría de los lugares donde se reparten bolsas de comida, en las que predominan los carbohidratos como arroz, pasta o harina de maíz.
El 20 de mayo en La Morán entregaron aceite, arroz, leche, harina, mantequilla, salsa de tomate, leche condensada y chicha.
Días antes, el 9 de mayo, en Bailadores, Mérida, repartieron 1 litro de aceite, 2 kilos de arroz, 2 de azúcar, un paquete de avena, uno de chicha y 2 kilos de caraotas.
Por eso pagaron 600 bolívares, indicó Carlos Castillo, habitante de la zona.
Pero incluso esos productos podrían empezar a faltar en las bolsas en el futuro si no se resuelve el problema de producción que enfrenta la economía venezolana.
“Cualquier plan que se enfoque en la distribución de alimentos y no en mejorar la producción no tiene posibilidades de éxito”, afirmó Tomás Socías, economista y ex presidente de Cavidea.
De acuerdo con cifras de Conindustria, 8.000 empresas han cerrado en Venezuela desde 1996, un tercio del total de compañías que había para entonces, y actualmente se está produciendo a 43% de la capacidad instalada.
El principal problema es la indisponibilidad de divisas para adquirir materias primas o pagar a proveedores.
Socías considera que hay que tomar tres medidas básicas para restablecer la producción: eliminar los controles de precio, dejar flotar la cotización de las divisas y despenalizar el dólar libre.
Hasta ahora esas recomendaciones no se han ejecutado o se han aplicado tímidamente.
El gobierno quiere que los CLAP también distribuyan medicinas, productos de higiene personal y otros rubros como uniformes escolares, anunció el presidente Nicolás Maduro.
Sin embargo, esa meta luce difícil considerando que más de 70% de los miembros de Conindustria señalaron en la última encuesta de coyuntura que su producción bajó.
“Este método de distribución debe mantenerse mientras dure la guerra económica, pues es la forma de combatir a los bachaqueros.
Luego de eso quizá en algún momento se podrá volver a los métodos anteriores, cuando la gente iba a la tienda y compraba”, expresó Luz María Poveda, cabeza del CLAP del barrio La Morán.
El politólogo John Magdaleno alertó que el nuevo sistema de distribución para acceder a bienes esconde una “vulneración” a las garantías económicas consagradas en la Constitución.
“Se está tratando de cambiar nuestro modelo económico sin hacer cambios primero en la Constitución.
Es peligroso porque estos CLAP no tienen experiencia en materia económica y ahora van a pretender regular la economía”, destacó el analista.
Herramienta de control
El nuevo decreto de estado de excepción, publicado el 16 de mayo, sorprendió por la importancia que le da a los CLAP en temas que incluso van más allá de la distribución de alimentos, la razón primordial para la que fueron creados.
Los puntos 1, 3, 8, 9 y 16 les otorgan poderes especiales para repartir comida, “mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país”, para lo cual se les atribuyen funciones de “vigilancia y organización”.
En la práctica los miembros de los CLAP todavía no conocen cuáles serían sus funciones como vigilantes del orden público.
“No hemos recibido ningún lineamiento en ese sentido, pero esperamos que en las próximas reuniones el tema entre en agenda”, indicó Luz María Poveda, miembro del CLAP del barrio La Morán.
Carmen Martínez, jefa de una UBCH de la zona, la secundó: “Esperamos que sea Freddy Bernal el que se reúna con nosotros.
Él nos sirve de guía y es el único que ha subido a La Morán”.
El nombramiento de Bernal como jefe del centro de control y mando de los CLAP es un dato clave debido a la importancia que ha tenido este dirigente en la organización de los sectores populares que simpatizan con el chavismo desde que se formaron los círculos bolivarianos en el año 2000.
Bernal, ex alcalde de Caracas y miembro del Grupo Ceta de la Policía Metropolitana hasta antes de participar en el golpe de Estado de noviembre de 1992, siempre ha sido identificado como uno de los cerebros detrás de los grupos de choque del oficialismo.
En 2014, cuando arreciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y el PSUV llamó a que sus unidades de base, las UBCH, las repelieran en la calle, Bernal hizo las tareas de jefe de defensa y seguridad del partido en Caracas, la ciudad más importante de mantener en calma debido a su peso político.
Miembros de las UBCH indicaron en ese tiempo que el entonces diputado del PSUV tuvo varias reuniones con ellos para coordinar la defensa de la capital junto con funcionarios militares, entre ellos el mayor general Gerardo José Izquierdo Torres, para ese momento jefe de la Región de Defensa Integral Central.
Esta área está a cargo actualmente del general de brigada del Ejército Carlos Alberto Martínez Stapulionis, quien ejecutó el estado de excepción y cierre de la frontera en Táchira en agosto.
