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26 jun. 2016

INTI prepara “inspecciones” en seis estados, incluyendo Lara

INTI prepara “inspecciones” en seis estados, incluyendo Lara
Rosa Andreína García   El Informador


El ex presidente de Fedenaga y presidente de la Federación de Cámaras de Barinas, Manuel Cipriano Heredia, alertó que en el estado Barinas está semana se corrió la voz de que el INTI arremeterá sobre un poco más 80 fincas. 
Situación que los mantiene atentos en el entendido, que cientos de fincas en el territorio nacional fueron tomadas y en su mayoría están improductivas.
Heredia aseveró que el sector agrícola hace un esfuerzo para mantener la producción de sus rubros, por lo que considera que es necesario que el Estado venezolano les garantice la seguridad personal y de sus predios para así evitar atropellos. 
Según dijo, en su gran mayoría las fincas intervenidas se encuentran improductivas o con una producción muy baja en comparación con lo que venían generando antes.
Carlos Oduardo Albornoz, también advirtió sobre “las inspecciones” en los estados Lara, Portuguesa, Guárico, Yaracuy, Zulia y Barinas. 
Expresó que los productores estarán atentos para defender sus derechos. 
Entre tanto, Fernando Anzola, productor larense y miembro de la Coordinación de Agricultura del estado Lara (Ccael), a quien hace cinco años lo despojaron de sus tierras, maquinarias y equipos, citó que en el estado Lara entre 2008 y 2016 han sido intervenidas 25.225 fincas en los municipios Iribarren, Palavecino, Jiménez, Torres, Morán y Urdaneta en las que se producían los rubros caña de azúcar, pasto de corte, café, maíz para jojoto, sorgo, ganadería de leche y carne, ovinos, hortalizas, gallinas ponedoras, pollos.
Especificó que han sido intervenidas en Simón Planas 9.715 Torres, 6.018 fincas, en Jiménez 6 mil fincas, 2.133 entre Iribarren y Palavecino, 1.287 en Morán, y 72 en Urdaneta, que suman alrededor de 402 mil 520 toneladas de productos primarios año, que han sido afectados. 
Como consecuencia entre 2008 y 2016 se han dejado de producir un poco más de 3 millones de toneladas de productos terminados afectados, son: café, azúcar, melaza, carne de bovino, ovino, caprino, tomate, pimentón, cebolla y pepino, maíz para consumo humano y animal. 
Se han perdido 2.097 empleos directos entre 2008 y 2016.
Fincas abandonadas 
Anzola aseguró que la situación de las fincas intervenidas en su mayoría las aéreas están parcial o totalmente abandonadas, algunas están produciendo en 5%, en el caso del municipio Simón Planas 10% de su capacidad, en Iribarren y Palavecino 11%, en Torres 14% de su capacidad, Jiménez 20%, en Urdaneta y Morán no tienen la cifra.
El productor, quien en el año 2010 fue víctima de “esta receta íntegra”, relató que las intervenciones en el estado Lara han presentado las siguientes características: “consejos comunales o personas denuncian ante el INTI cuál empresa desean tomar. 
El INTI hace inspecciones sorpresivas y hostiles con acompañamiento de los consejos comunales a las fincas levantando informes técnicos que no se ajustan a la realidad y dan como conclusión principal que la finca se encuentra ociosa, de inmediato se le abre un procedimiento de rescate asumiendo tácitamente que la finca es propiedad del Estado venezolano. 
El propietario del predio generalmente tiene sólo acceso parcial a los datos del informe que generó el INTI. 
A partir del momento de denunciar la finca ante el Instituto de Tierras los consejos comunales comienzan un proceso de intimidación y de amedrentamiento a los propietarios y trabajadores, con tomas de puertas y de agresiones físicas, tanto dentro como fuera del predio. 
Al aprobar la medida de rescate el INTI se presenta con los comunales y de inmediato toman la propiedad sin darle oportunidad a éste de defender sus bienes. Se consuma el despojo de la finca al productor. 
Las autoridades hacen caso omiso a las denuncias de los propietarios sobre estas acciones, las vías legales se convierten en obstáculos insolubles para los productores afectados”.
“Despojo arbitrario”
Fernando Anzola agregó que la Constitución de la República Bolivariana en su artículo 115 establece: “Se garantiza el derecho de propiedad. 
Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. 
La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. 
Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.
Al respecto citó la opinión de dos juristas, primero la del abogado Miguel Soto, abogado e ingeniero agrónomo y profesor de derecho ambiental, quien ha dicho: En Venezuela se ha expropiado sin seguir las líneas que establecen la Ley de Tierra y Desarrollo Agropecuario y sin seguir líneas establecidas en la Constitución. 
Se ha violentado la parte legal, y dice también, el artículo 115 de la Constitución habla de sentencia firme y pago oportuno, en la práctica no ocurre expropiación, sino un despojo arbitrario de la propiedad. 
La figura del rescate sólo es posible aplicarla en el caso de que las tierras hayan pertenecido al Estado, no hay garantía de la propiedad. 
Con estas prácticas pierde el productor y pierde el país”. 
Un comentario final del abogado Miguel Soto dice: Existe temor de los productores de invertir y perder netamente la inversión.
Fernando Anzola expresó que es una política sumamente absurda, ilegal, inconstitucional que el INTI diga cuándo una persona es propietaria o no. Eso no le puede corresponder a este organismo, en todo caso le correspondería a un Tribunal, porque el INTI es parte interesada. Añadió que no está definida en la Ley de Tierras la figura de medida de aseguramiento, la Ley tiene avances en derecho agrario, y en procedimientos administrativos, pero no es aplicada correctamente.
Conclusiones del Ccael 
La Coordinación de Agricultura del estado Lara (Ccael) menciona como conclusiones en todas estas experiencias: “Las leyes venezolanas fueron violentadas impunemente por el INTI para beneficiar a simpatizantes de su ideología política, se violó el derecho de propiedad y los derechos humanos de los trabajadores y de su familias. 
Las fincas intervenidas las han llevado al abandono y a las ruinas. 
Por parte de los productores se exige al Estado venezolano inmediata devolución de la finca objeto del despojo, indemnización de los daños materiales y morales ocasionados y tercero crédito a largo plazo para recuperar fincas destruidas”. 
Estas conclusiones fueron presentadas en el primer Pleno Agropecuario de Barquisimeto, efectuado el pasado 13 de mayo en las instalaciones de la UCLA…
Finalmente Fernando Anzola leyó un poema que dice: Mi padre es un agricultor eso es todo lo que una vez será… los valores que la tierra le enseñó, él me los entregó a mi…” reflexionó y dijo “Nosotros nos identificamos plenamente con esa vivencia, ese es nuestro día a día, mi familia ha sido desde muchísimos años familia entregada al campo. 
Y en mi caso y el de mi familia aplicaron esta receta del INTI, todos los pasos se cumplieron palmo a palmo, letra a letra, todo fue una agonía, saquearon todo e hicieron destrozos en cuestión de horas. 
No hubo autoridad que respondiera. 
Mi esposa también pagó y ese mismo día perdió la criaturita que llevaba en su vientre”, relató. 
Al tiempo que expresó que todo ese dolor no significa que los productores tienen que ser pesimistas, por el contrario llamó a seguir el compromiso con las tierras venezolanas, las tierras que nos dio de comer. 
Es momento de lucha, de salir adelante, es momento que los productores defendamos nuestras tierras. 
Leyó finalmente una cita bíblica: Corintios 4:8-9 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos.
EN DESTAQUE 

En opinión de Jesús Jiménez Peraza, reconocido abogado quien fue Juez agrario de Centro Occidente, “la toma militar puede ser para preservar las tierras de una invasión u ocupación por parte de unas personas o para impedir que allí sigan botando basura o escombros, pero no para ingresar a unas tierras que están ocupadas por los productores actualmente, eso está declarado inconstitucional.

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