Fiscalización y amenazas de la Sundde fuerzan cierre de carnicerías en Guayana

María Ramírez Cabello   Correo del Caroni

Ya no es solo la regulación de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) a la carne, sino las presiones, e incluso, las amenazas que imponen los fiscales de la Sundde a los carniceros para vender el rubro según lo establecido en su providencia administrativa del 20 de febrero. 

El problema que la institución se niega a reconocer es que el precio de la carne en canal es igual o superior a la regulación.

Este tipo de presiones, inspiradas en una providencia que castiga con cárcel e intervención del local a quienes incumplan con el precio regulado, han llevado a los carniceros a vender a pérdida el resto de su inventario, lo cual deviene en el cierre del establecimiento y en la escasez de la proteína para los guayacitanos. 

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Fiscales de la Superintendencia de Precios Justos han profundizado los operativos de fiscalización en mercados y supermercados, obligando a carnicerías a vender a precio regulado, pues de lo contrario amenazan con sanciones por especulación, entre las que mencionan explícitamente la prisión.

Juan Carlos Sánchez, propietario de la Carnicería Alta Vista, comentó que el miércoles decidió vender la mercancía que le quedaba a precio regulado, asumiendo la pérdida, tras la ola de visitas de fiscales a distintos establecimientos que se han cubierto los ojos ante las pruebas que indican que la carne en canal es adquirida entre Bs. 220 y Bs. 240 el kilogramo y, por lo tanto, no pueden cumplir la regulación que establece que la carne de primera debe comercializarse al mismo precio de Bs. 220 el kilogramo.

“El Gobierno quiere que uno venda a precio regulado pero cómo si adquirimos la carne en canal a Bs. 240 y quieren que venda ya limpio a Bs. 220. 

A los mayoristas los están obligando a vender al precio regulado de Bs. 135, cuando el costo para ellos es de Bs. 210 a Bs. 220”, explicó.

El comerciante señaló que quienes obtienen las reses en otros estados deben sumar el costo del traslado, lo cual encarece el producto.

Además de depósitos, los fiscales del ente estatal han visitado esta semana las carnicerías La Villa de Don Polo en Villa Colombia; Frigorífico Villa Sur en Los Olivos, Las Novillas, el Bodegón de las Carnes y supermercados Unare Camacho y Guayana, entre otros. 

“Los han obligado a vender a precio regulado, amenazándolos con pasarlos a Fiscalía”, dijo.

Con pocas expectativas, Sánchez aseguró que por los momentos no adquirirá más producto, un camino al que muchos se sumarán.

Luis Rodríguez, gerente de la carnicería La Villa en Villa Colombia, informó que el martes fueron visitados por los fiscales de la Sundde a quienes explicó el costo de las reses en canal “y en pocas palabras me dijeron ‘ese no es mi problema, usted tiene que vender la carne a como dice la Gaceta’ y me obligaron a vender a precio regulado porque si no iba a ir preso y sancionado con 1.000 unidades tributarias. Te meten una psicosis”.

El comerciante aseveró que hace un par de semanas tuvo un incidente durante una fiscalización en la que un hombre, que acompañaba a los fiscales, intentó sobornarlo a cambio de quitarle las multas por supuestas irregularidades.

“Tengo testigos de ese hecho cuando un hombre que acompañaba a las fiscales me pidió 10 mil bolívares; luego las fiscales negaron que estuvieran con él, cuando antes me lo habían dicho, y no me multaron”.

Rodríguez apuntó que sigue vendiendo la carne que le queda a precio regulado “con una pérdida tremenda”, pues compró el kilo de carne en canal a Bs. 225 y está vendiendo a Bs. 220 el kilogramo. “Después que se acabe cerraré, estamos en incertidumbre”.

Para hoy está previsto que fiscales visiten nuevamente el mercado municipal de Chirica, como informaron a los carniceros de la plaza, a quienes exigieron vender a precio oficial de Bs. 220 los cortes de primera.

Hasta 10 años de prisión

La Ley de Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.340 del 23 de enero de 2014, establece en el artículo 51, que quienes vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los fijados o determinados por la Sundde, serán sancionados por vía judicial con prisión de ocho a diez años.

“Igualmente serán sancionados con ocupación temporal del almacén, depósito, unidad productiva o establecimiento, hasta por 180 días, más multa de un mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) Unidades Tributarias”, indica la norma.