Intervención del Sada demuestra “fracaso” en Sica
El plan de revisión surgió tras "irregularidades" detectadas en el organismo rector en materia de silos, almacenes y depósitos, que tiene "la finalidad de supervisar y controlar todo los órganos, entes e instituciones privadas prestadoras del servicio de almacenamiento".
Yasmín Ojeda La Verdad
La intervención de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (Sada) tomó forma cuando el vicepresidente Jorge Arreaza anunció la auditoria a 60 mil códigos inscritos en el Sistema Integral de Control Agroalimentario (Sica).
El plan de revisión surgió tras "irregularidades" detectadas en el organismo rector en materia de silos, almacenes y depósitos, que tiene "la finalidad de supervisar y controlar todo los órganos, entes e instituciones privadas prestadoras del servicio de almacenamiento".
Para Werner Gutiérrez, exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ, "el propio Gobierno reconoce el fracaso del sistema" al anunciar la intervención "por las irregularidades en las guías de distribución de alimentos". Cuestiona la permanencia del "mecanismo que lejos de controlar el desvió de alimentos a la frontera y al buhonerismo especulativo interno, lo ha favorecido".
Desde el año 2008 el Ejecutivo implementa el Sica para controlar las materias primas y alimentos, con el fin de reducir el contrabando. Gutiérrez resalta que en Venezuela "no se moviliza un kilogramo de alimentos sin el control del Gobierno". Las directrices apuntan a "favorecer" la distribución a Caracas incidiendo en la colocación a regiones fronterizas.
Critica que "si ya el pueblo venezolano sufre las terribles consecuencias de la ineficiencia de este mecanismo de control gubernamental qué sentido tiene ratificarlo e inclusive generando mayor burocracia para su implementación".
De acuerdo con la resolución del Ministerio de Alimentación, en la guía de movilización para las regiones fronterizas se fijó una cuota de carga máxima por emisión. En 2012 se estableció 500 kilogramos. El resto de los estados podrán movilizar hasta cinco mil kilogramos.
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