Hasta 150% por debajo del valor real se ubican precios de la carne y queso
María Beatriz Parilli Ultima Hora Digital
Carniceros del
estado Portuguesa consideran que la Ley de Precios Justos es diametralmente
opuesta a los costos del sector, y obliga a vender la carne y el queso a unos
montos hasta 150% por debajo de su valor real, además de someter a los
comerciantes a una serie de inspecciones con resultados que, en algunos casos,
se han tornado desproporcionados.
Así lo plantearon en una reunión efectuada ayer en la Cámara de Comercio e Industria de Acarigua-Araure (Cciaa), entre carniceros y algunos mayoristas de ambas localidades, además de Agua Blanca, San Rafael de Onoto, Esteller, Turén, Santa Rosalía y Ospino.
“La Ley de Precios Justos genera una gran controversia desde el punto de vista jurídico, debido a que se hizo en términos donde no se tomó en cuenta la adecuación de la realidad en cuanto al análisis de precio unitario de cada uno de los costos y cuánto realmente es el costo final de cada producto”, afirmó Juan Mendoza, abogado asesor de los carniceros.
Mencionó como ejemplo el caso del kilo de queso, el cual se elabora con 6.5 litros de leche, lo que da un valor aproximado de 38 bolívares, que es el precio al que está regulado, sin incluir mano de obra, transporte y refrigeración, entre otros factores que intervienen en la producción del rubro, por lo que al comerciante se le va la ganancia únicamente en el pago de la materia prima.
El jurista insistió en que la ley está desfasada de la realidad. “No puede ser que estemos comprando la carne en pie a 56 bolívares y se pretenda que se venda en 52 bolívares, obviando el resto de los gastos que se tienen en toda la cadena de producción”.
Los carniceros no se oponen a la ley, pero no están de acuerdo en la forma “desproporcionada” en que se viene ejecutando, ya que en algunos casos “se está enviando a prisión a humildes trabajadores, mientras los delincuentes están en la calle”, según afirmó el abogado.
Mendoza indicó que las detenciones son antijurídicas y violan el debido proceso, puesto que el sistema judicial establece que una pena no puede ser sancionada tres o hasta cuatro veces por un mismo delito, como está sucediendo, ya que no sólo ordenan el cierre del establecimiento, sino que aplican multas, privan de libertad a los comerciantes y los obligan a vender a precios que, aunque regulados, no se corresponden a la realidad.
Peticiones
En Portuguesa, son más de 300 los carniceros afectados por como se viene aplicando la Ley de Precios Justos. Juan Mendoza señaló que una de las peticiones que hacen al Ejecutivo, es tomar en cuenta al sector y que se haga un análisis de los costos, tal como se le solicitó a escala nacional, con la entrega de un documento a la Superintendencia de Precios Justos.
“Esta ley viene viciada y la forma como se están llevando estos procedimientos son completamente antijurídicos (…) Ningún carnicero va a poder vender al precio regulado porque simplemente sería acabar con él, o sea, destruirlo porque nadie va a vender para perder”, enfatizó.
Así lo plantearon en una reunión efectuada ayer en la Cámara de Comercio e Industria de Acarigua-Araure (Cciaa), entre carniceros y algunos mayoristas de ambas localidades, además de Agua Blanca, San Rafael de Onoto, Esteller, Turén, Santa Rosalía y Ospino.
“La Ley de Precios Justos genera una gran controversia desde el punto de vista jurídico, debido a que se hizo en términos donde no se tomó en cuenta la adecuación de la realidad en cuanto al análisis de precio unitario de cada uno de los costos y cuánto realmente es el costo final de cada producto”, afirmó Juan Mendoza, abogado asesor de los carniceros.
Mencionó como ejemplo el caso del kilo de queso, el cual se elabora con 6.5 litros de leche, lo que da un valor aproximado de 38 bolívares, que es el precio al que está regulado, sin incluir mano de obra, transporte y refrigeración, entre otros factores que intervienen en la producción del rubro, por lo que al comerciante se le va la ganancia únicamente en el pago de la materia prima.
El jurista insistió en que la ley está desfasada de la realidad. “No puede ser que estemos comprando la carne en pie a 56 bolívares y se pretenda que se venda en 52 bolívares, obviando el resto de los gastos que se tienen en toda la cadena de producción”.
Los carniceros no se oponen a la ley, pero no están de acuerdo en la forma “desproporcionada” en que se viene ejecutando, ya que en algunos casos “se está enviando a prisión a humildes trabajadores, mientras los delincuentes están en la calle”, según afirmó el abogado.
Mendoza indicó que las detenciones son antijurídicas y violan el debido proceso, puesto que el sistema judicial establece que una pena no puede ser sancionada tres o hasta cuatro veces por un mismo delito, como está sucediendo, ya que no sólo ordenan el cierre del establecimiento, sino que aplican multas, privan de libertad a los comerciantes y los obligan a vender a precios que, aunque regulados, no se corresponden a la realidad.
Peticiones
En Portuguesa, son más de 300 los carniceros afectados por como se viene aplicando la Ley de Precios Justos. Juan Mendoza señaló que una de las peticiones que hacen al Ejecutivo, es tomar en cuenta al sector y que se haga un análisis de los costos, tal como se le solicitó a escala nacional, con la entrega de un documento a la Superintendencia de Precios Justos.
“Esta ley viene viciada y la forma como se están llevando estos procedimientos son completamente antijurídicos (…) Ningún carnicero va a poder vender al precio regulado porque simplemente sería acabar con él, o sea, destruirlo porque nadie va a vender para perder”, enfatizó.
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